A través de una acordada, los miembros de la Corte dispusieron bajar el gasto en prevención de un eventual déficit de financiamiento en sus arcas. La ley de presupuesto 2009 asignó para el Poder Judicial $ 188.779.639, que representa un aumentó de más de 80 millones de pesos respecto a 2008. Las medidas de contención para la Justicia salteña rigen a partir del uno de enero y se mantendrán hasta que finalice el presente ejercicio fiscal. La reducción de gastos fue dispuesta por la Corte de Justicia provincial, que preside Guillermo Alberto Posadas, en sintonía con el decreto que emitió el Poder Ejecutivo con lineamientos concretos para controlar el gasto público en un año difícil para las finanzas.
La prevención del gobierno salteño tiene que ver con la crisis financiera internacional y los efectos generados a partir de la misma, que se reflejarían en una reducción en el crecimiento de la recaudación interanual a nivel
nacional y provincial.
La acordada que dispone medidas de contención en la ejecución del gasto para el Poder Judicial fue firmada por el presidente de la Corte, Guillermo Alberto Posadas y por los jueces de este tribunal María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Gustavo Adolfo Ferraris, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Sergio Fabián Vittar.
Los magistrados dicen que el Poder Judicial salteño ha ponderado siempre, en la ejecución del gasto público, la necesidad de apegarse a principios de austeridad y mantener un equilibrio presupuestario, pero remarcan que
los motivos expuestos en el decreto del Ejecutivo "tornan necesario extremar los recaudos tendientes a la contención de ese gasto y coadyudar a establecer un horizonte de previsibilidad en el accionar económico y financiero del Estado Provincial, sin perder de vista las necesidades de funcionamiento de la Administración de Justicia y a las normas legales y constitucionales que la rigen".
Con las medidas dispuestas, los miembros de la Corte estiman producir los ahorros destinados a lograr una efectiva reducción en previsión de un eventual déficit de financiamiento.
Las medidas
Rigen a partir del primero de enero de 2009 y hasta la finalización de este ejercicio fiscal.
* Habrá restricción en la adquisición de insumos y bienes a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de la tarea judicial.
* Se recomienda extremar recaudos para el control del uso de los servicios de energía eléctrica, gas y telefonía fija y celular asignados para el ejercicio de la actividad judicial.
* Se intensificarán esfuerzos para controlar y reducir al máximo posible gastos que puedan derivarse del uso y
mantenimiento de vehículos. Además, se implementará un plan gradual de renovación del parque automotor del Poder Judicial a lo que indiquen las necesidades del servicio según proyecto elevado a la Corte.
* Recomendación en el sentido de que la organización de actividades académicas por la Escuela de la Magistratura, deberá concretarse guardando una adecuada relación con sus recursos propios y con los que asigne en cada caso la Corte en actividades de su interés institucional.
* Limitación en la asignación de viáticos al cumplimiento de los cometidos indispensables de la actividad judicial, lo cual será resuelto fundadamente en cada caso.
* Ratificación de la reducción de horas extras conforme a lo establecido en Acordada 10073 y complementarias.
* Reiteración de las gestiones e intimaciones efectuadas a los agentes que se encuentran en condiciones de jubilarse.
* Se instruyó a la Secretaría de Superintendencia para que a través de la Dirección de Administración, adopte los recaudos necesarios en orden al efectivo cumplimiento y control de las medidas dispuestas.
Fuente: Vidriera Política Salta – Blog