“Entendemos que esta reforma debe tener como eje la eficiencia y el fortalecimiento de las condiciones para producir y exportar más y mejor. Al mismo tiempo, creemos que es fundamental preservar las capacidades técnicas que tiene el INV para garantizar la calidad, la trazabilidad y la identidad de nuestros productos”, añadieron.
Por otro lado, en el mismo momento, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que representa a otra franja de bodegas que incluye a cooperativas, la reacción fue de mayor cautela: “Desde COVIAR se están analizando y estudiando las implicancias de los anuncios, las normas y reglamentaciones afectadas y cómo se aplicarían los cambios. Los equipos técnicos y asesores están trabajando sobre este tema”, explicaron ante la consulta de Ámbito.
“Hay muchas normas involucradas y se están analizando las implicancias. Incluso es posible que se necesiten nuevos decretos o reglamentaciones complementarias a lo anunciado hasta ahora. Por eso por ahora se están estudiando los cambios y no hay una posición oficial al respecto”, agregaron desde la entidad en julio de este año.
Desregulación del vino: la polémica se reaviva luego de cuatro meses de hibernación
Ahora, cuatro meses después, apareció el resto de las medidas que estaban pendientes. Y las posturas de las cámaras son similares a las de aquel momento.
La resolución 37/2025 estableció que el INV dejará de intervenir con controles en las etapas iniciales e intermedias de la producción, como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte, para concentrarse exclusivamente en el control de la etapa de comercialización, de decir sobre los productos finales embotellados que llegan a las góndolas.
La naturaleza de los controles sigue siendo la misma, sólo que se reduce su alcance. La función principal es garantizar que los vinos sean aptos para el consumo y que no estén adulterados, ni en sus componentes ni en sus cortes.
En consecuencia, según aclaran las nuevas normas, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, pasarán a ser optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales de cada empresa.
El nuevo esquema alcanzará a toda la cadena de valor vitivinícola. Esto incluye productores, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores.
Ante la consulta de Ámbito sobre esta nueva tanda de resoluciones, desde la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) evitaron pronunciarse a favor o en contra.
Las fuentes de la entidad dijeron que “se están analizando los cambios realizados y sus implicancias. Los equipos técnicos y asesoría letrada están estudiando los cambios y su afectación. Se está en diálogo permanente con el Gobierno Nacional, Secretaría de Agricultura, y los Gobiernos provinciales sobre este tema”.
En tanto, Bodegas de Argentina tampoco se pronunció oficialmente sobre las medidas más recientes, aunque otros documentos reafirman que su postura es favorable a la desregulación de procedimientos en contraposición con las posiciones históricas de Coviar.
Ambas entidades representan posturas ideológicas enfrentadas. Mientras la primera comulga con las medidas de liberalización del comercio la segunda defiende el rol de control del Estado en la industria para encauzar los intereses de todos los actores del mercado.
Desde una de las empresas que integra la entidad que agrupa a 250 bodegas de todo el país, explicaron que “el resultado de las elecciones de octubre legitima todas las iniciativas de desregulación que viene impulsando el Gobierno y este tema que involucra a toda la industria del vino no puede ser la excepción. El triunfo oficialista en el comicio destrabó un proceso que estaba madurando y esperaba la ocasión para concretarse”.
En otra bodega que apoya las políticas que impulsa el ministro Sturzenegger para el sector, explicaron ante una consulta de Ámbito: “Es urgente agilizar procesos que representan costos altos para nuestra industria en momentos en que la competencia internacional nos obliga a ser muy eficientes en nuestros costos para poder mantenernos en carrera en el exterior”.
Y la misma fuente remarcó otro aspecto: “Está muy bien que se mantengan como obligatorios todos los controles para la exportación, ya que una sola bodega que incumpla los criterios exigidos en los principales mercados puede afectar la reputación y los negocios de todo el vino argentino. Pero el resto de la actividad necesita reducir los pasos burocráticos para poder desarrollarse con responsabilidad”.
Desde sectores críticos a la flexibilización de controles alertan sobre los riesgos que implica una medida de ese tipo. Concretamente refieren a los episodios ocurridos en 1993, cuando una bodega de San Juan adulteró sus marcas Mansero y Soy Cuyano con alcohol metílico (de quemar) que vendía en damajuanas. Esto provocó un total de 29 muertos en diversos puntos del país y otras personas afectadas por ceguera.
Sobre este punto, el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aclaró oportunamente en un posteo en X: “La catástrofe había ocurrido en el gobierno de Alfonsín, cuando se introdujo el Artículo 24 bis a la ley 14.878, dándole potestad al INV de controlar cualquier cosa. La delegación legislativa nos permite modificar estas funciones del INV para focalizarlas, como decíamos, exclusivamente en el control del producto final”.
La disputa política que se libra en la industria del vino
Estas nuevas medidas se dan en el contexto la desregulación que impulsa el gobierno en la industria del vino, que también se tradujo en un proyecto de ley para eliminar el esquema de financiamiento obligatorio que sostiene la actividad de la COVIAR, como organismo público-privado encargado de aplicar el Plan Estratégico Vitivinícola Argentino (PEVI).
Las bodegas alcanzadas por ese aporte obligatorio argumentan que aumenta sus costos sin que se vean resultados concretos en la ejecución del PEVI.
Recientemente, Bodegas de Argentina volvió a cuestionar una decisión de aumentar el aporte obligatorio destinado a financiar la Coviar y volvió a pedir que ese cargo sea eliminado.
En un comunicado la entidad expresó: “El vino argentino atraviesa una coyuntura crítica. En este contexto, resulta inadmisible seguir sosteniendo de manera compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito y que se han convertido en una carga impositiva insostenible. La presión fiscal acumulada sobre el sector ya alcanza niveles alarmantes, siendo del 43% la carga impositiva actual, lo que compromete seriamente la sustentabilidad de las empresas y la competitividad internacional del vino argentino.
“El argumento de una desinflación paulatina utilizado por COVIAR para justificar el aumento resulta desafortunado frente a los indicadores reales del mercado. La decisión de aplicar este ajuste representa una carga adicional injustificada, que ignora el esfuerzo sostenido del sector por preservar el empleo, la inversión y la calidad productiva en condiciones adversas”, completó Bodegas de Argentina.
Además recordó que “Bodegas de Argentina no participa en COVIAR desde el año 2019. Consideramos que a la fecha dicha institución no tiene competencias para cobrar, menos aún incrementar, alícuotas que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación, PEVI 2020. A pesar de ello, las empresas del sector continúan obligadas por ley a aportar recursos a COVIAR, bajo la pena de inmovilización de sus operaciones por parte del INV, en caso de incumplimiento o mora”.
