P.: ¿Y el nivel de reservas?
J.M.: Mucho más altas.
El Presidente sigue el día a día de los datos de la economía. Tras conocerse la inflación mayorista de febrero (10,2%), posteó en redes sociales que en diciembre los índices venían creciendo en torno de 50% mensual y ahora la inflación en el segmento mayorista ha tenido una retracción del 80%. Si bien reconoce que la inflación “aún es alta”, asevera que “vamos por el buen camino hacia la normalización de la tasa de inflación”.
Tras el repunte de la inflación en diciembre, cuando el índice de precios al consumidor llegó a 25,5%, tanto en enero como en febrero se observó una desaceleración. En febrero se registró una variación de 13,2% y los indicadores adelantados para marzo arrojan que la inflación del mes en curso podría alcanzar un nivel semejante al anterior. De darse, se trataría de un resultado que sería evaluado como favorable ya que marzo es un mes complicado por cuestiones estacionales (impactan gastos escolares, cambio de temporada en indumentaria, entre otros factores).
Gestiones
Precisamente para levantar el cepo, el Gobierno viene realizando distintas gestiones reservadas para obtener financiamiento externo por 15.000 millones de dólares (las reservas netas son negativas en unos 2.500 millones de dólares).
En este sentido, se interpretó la visita que realizó al país días atrás un funcionario clave del Tesoro de los Estados Unidos, Brent Neiman, el Subsecretario de Finanzas Internacionales del organismo que conduce Janet Yellen. Cabe recordar que los Estados Unidos es el país que mayor poder de decisión tiene en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Más allá de que, aunque no es habitual, podría llegar a otorgar una ayuda directa.
La estrategia oficial pasa, según se comenta en círculos financieros, por obtener una ayuda del orden de los 5.000 millones de dólares del FMI, otro tanto de algún país amigo y aportes menores, cercanos a los 1.000 millones de dólares, de distintos fondos de inversión.
Sin embargo, un elemento a tener en cuenta es que la eventual ampliación del endeudamiento con el Fondo demandará la aprobación del Congreso (artículo 2° de la ley 27.612 que fuera impulsada por el ex ministro Martín Guzmán).
Reservas
En sus primeros 100 días, el nuevo Gobierno logró recomponer reservas (en diciembre eran negativas en cerca de 11.000 millones de dólares) y aquietar el dólar – la brecha entre el tipo de cambio oficial se ubica en torno de 22%-.
El aspecto que más destaca el Gobierno es el fuerte ajuste fiscal. Efectivamente, tanto en enero como en febrero logró superávit no sólo primario, sino también financiero (después del pago de intereses) con una reducción interanual de 36% de las erogaciones reales, en lo que fue el mayor recorte de gasto de los últimos 30 años.
Sin embargo, este superávit se logró sobre la base de disminuciones en el gasto que, según la oposición, no son sostenibles en el tiempo. Particularmente, en febrero las jubilaciones y pensiones tuvieron una caída de 38% interanual real y los gastos de capital disminuyeron 87,9%.
Al tiempo, se observa una marcada caída en la actividad. En enero los despachos de cemento disminuyeron 20% y el patentamiento de autos 33%, por citar sólo dos indicadores.
En la Casa Rosada confían en que, a partir de mantener el superávit fiscal, “la inflación se derrumbará” antes de lo que muchos esperan. Asimismo, confían en que con medidas como el levantamiento del cepo, como se señaló, “la actividad tenga una recuperación en forma de V” a medida que avance el año.
Sin embargo, distintos grupos de inversión que han pasado por el país recientemente e inclusive el Fondo Monetario Internacional, han planteado la necesidad que la nueva administración obtenga “consensos políticos” que le den sustentabilidad a las reformas que impulsa. El FMI, particularmente, fue enfático en cuanto a la necesidad de “preservar a los sectores más vulnerables”.
En lo inmediato, la expectativa oficial es que el DNU 70 no sea rechazado en la Cámara de Diputados (a diferencia de lo que aconteció en el Senado). Paralelamente, representantes de la Casa Rosada vienen manteniendo conversaciones con representantes de los distintos bloques legislativos orientadas a acordar los términos de la última versión de la Ley Base.
En el entorno del primer mandatario se evalúa que “todo lo que hemos logrado hasta ahora lo conseguimos a pesar de la política” y confían en que, aún en el peor escenario, consistente en una ausencia de acuerdos, igual podrán seguir avanzando con el programa de gobierno.
Fuente: Ámbito
