El impuesto a la riqueza o Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas entró en la recta final. Con el dictamen favorable de la mayoría oficialista de la Comisión de Presupuesto del Senado habilitó para que sea tratado dentro de siete días en el recinto donde también hay mayoría simple del Frente de Todos por lo que todo hace suponer que será aprobado.
Este tributo que generó el rechazo de casi todas las entidades empresariales del país fue gestado por el presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, y escrito por su colega el diputado Carlos Heller.
Según el proyecto, lo recaudado ya tiene un destino específico lo que, entre otras cosas, hace que ese dinero no sea coparticipable. En su articulado además de establecer a partir de qué monto se pagará también señala cómo se repartirán los poco más de 300.000 millones que el Ejecutivo busca recaudar.
Así, el reparto estará dado de la siguiente manera: un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural (poco más de 75.000 millones de pesos); un 20% (60.000 millones de pesos) a comprar equipamientos de salud para atender la pandemia; un 20% (60.000 millones de pesos) a apoyar a pymes con subsidios y créditos; un 20% (60.000 millones de pesos) para financiar un relanzamiento del plan de las becas Progresar destinado a jóvenes estudiantes; y 45.000 millones de pesos (un 15%) para urbanizar barrios populares en donde serán contratadas cooperativas de los vecinos de cada barrio.
Había expectativa de parte del sector privado de lograr modificaciones o en el Senado o en la reglamentación de la norma, por lo menos en lo que es el piso a partir del cual se comienza a pagar. Hoy, luego de la discusión fugaz que tuvo en la Comisión, los casi 12.000 contribuyentes que serán alcanzados deberán esperar a ver si tienen alguna posibilidad de incidir en la reglamentación porque en el Senado el proceso de aprobación ya está en marcha.
De esta manera, el proyecto de ley que cuenta con media sanción y que saldría sin modificaciones del Senado, tiene entre sus ejes principales los siguientes puntos.
– Prevé el cobro, por única vez, de una tasa de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos.
– En el caso de los patrimonios en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio del día de promulgacion de la norma para hacer el corte.
– La tasa sube al al 2,25% para las fortunas que se encuentren en el rango de los $ 300 millones a los $ 400 millones, sube 0,25%, al 2,50%, para aquellos que tengan entre $ 400 millones y $ 600 millones y al 2,75% en la franja cuyas fortunas asciendas a los $ 600 millones y con un techo en 800 millones de pesos.
– La última escala tiene una tasa de que arranca en 3% para las fortunas que estén entre los $ 800 millones y 1.500 millones de pesos, se incrementa al 3,25% para quienes tengan entre 1,500 millones de pesos y 3.000 millones de pesos y, para aquellos que superen ese techo, la tasa será del 3,5 por ciento.
– Mercedes Marcó del Pont explicó que entre aquellos contribuyentes alcanzados por el tributo que tienen su patrimonio en moneda extranjera, el 94% lo tiene depositada en el exterior. En ese caso, para los que tengan tenencias fuera del país las alícuotas que les correspandan tendrán una penalidad de 50% -es decir, el mínimo es de 2% y el máximo es de 5,25%-. Asimismo, si hay una repatriación del 30% de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, ese diferencial de 50% se elimina y, además, paga por la totalidad de sus bienes como estuvieran en el país.
– Cuando se presentó el proyecto de ley, las estimaciones según la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) indicaban que el impuesto alcanzaría a 9.298 contribuyentes, pero como consecuencia de la devaluación, hoy la entidad confirmó que ese universo se amplió a 11.855 personas.
