La polémica sobre el arribo de la aplicación Uber continúa y el Estado no da el brazo a torcer en su búsqueda que no prospere esta empresa de transporte cuya App ya copó gran parte del mundo. En diálogo con Dossier Web, Gustavo Serralta, el vicepresidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, informó que el Estado hace lo imposible para que los taxis y remises no se vean afectados, pero especialmente para garantizar seguridad a los pasajeros.
“Nosotros decidimos tomar este asunto desde hace tiempo cuando la aplicación llegó con el fin de ‘trasladar paquetes’, porque sabíamos que de trasladar esos paquetes a personas hay un paso y por eso presentamos una acción judicial para que no se pueda bajar la aplicación hasta que lo dicte la justicia”, dijo.
Uber es una piedra en los zapatos para el Estado y Serralta fue claro. “En un país y especialmente en una provincia como la nuestra está fuertemente regulado el transporte y este tipo de aplicaciones es totalmente lo contrario, no tiene la mínima regulación. Ellos deben saber que en Salta para poder transportar a personas debe ajustarse a una regulación, obtener una licencia. Este tipo de aplicaciones no tiene como objetivo adecuarse a nuestras reglas y por lo tanto no están habilitados sus vehículos y pasan a ser transportes ilegales”.
Sobre este último punto, una de las máximas autoridades de la AMT fue consultado si los vehículos de Uber tendrán las mismas penas que los llamados “remises truchos”, sostuvo que “exactamente eso ocurrirá. Es el mismo tratamiento que cualquier transporte ilegal. Por lo tanto se van a retener vehículos, se les cobrará una multa y se quitará el carnet de conductor a su chofer”.
La semana pasada cuando cobró fuerza la llegada de la mencionada aplicación, desde diferentes sindicatos se mostraron preocupados y el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Alfredo Carrizo, aseguró a Dossier Web que en caso de que comience a funcionar Uber, serán 7 mil las familias afectadas.
Serralta sostuvo que “es el número aproximado de familias que viven a través de taxis y remises ya que hay entre 3.300 y 3.400 licencias y chóferes”.
Y manifestó el apoyo del Estado provincial hacia los damnificados: “Nos reunimos con ellos y mostramos que el Gobierno está de su lado. Estamos todo en un mismo equipo”.
“Cuando vimos que Uber iba a desembarcar en Salta tomamos las medidas necesarias. Fuimos uno de los pocos lugares donde el Estado se presenta en la justicia, a través de la Autoridad Metropolitana de Transporte, en este caso, que presentó un amparo por las familias afectadas y, especialmente, velando por la seguridad de los pasajeros”.
El funcionario recalcó que antes de aprobar una licencia “solicitamos antecedentes policiales, penales y demás cuestiones. Nosotros sí estamos a favor de la tecnología, pero tiene que ser dentro de un marco de regulación. Esta aplicación cobra más de acuerdo y oferta y demanda, a la hora, etc”.
Otro tema preocupante es la falta de un espacio físico de Uber no solo en Salta sino también en el resto del país. “El único conocimiento que tenemos de esta empresa es a través de una relacionista pública que salió en los medios, pero no sabemos si vive acá. Estamos viendo si tienen domicilio en Argentina y entendemos que AFIP no conoce un domicilio certero de Uber. Por eso tenemos limitaciones porque no hay personas físicas y si le pasa algo a un pasajero, ¿a quién se le reclama?, preguntó sobre el final de la nota.
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