La CGT dio ayer un paso clave en su objetivo de limitar la tercerización laboral, al conseguir dictámen favorable de la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de la central sindical que establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal en todos los supuestos de contratación y subcontratación de personal tercerizado.
El dictamen fue consensuado entre los representantes del oficialismo y los bloques de la oposición, con lo que según adelantaron fuentes legislativas, la iniciativa podría obtener media sanción de Diputados dentro de un par de semanas y ser aprobado por el Senado antes de fin de mes.
En concreto, la iniciativa modifica el artículo 30 de la ley de Contrato de Trabajo que establece que las empresas principales sólo son solidariamente responsables cuando la tercerización se realiza sobre la actividad principal de la compañía. Según la visión de la central obrera, la mayor cantidad de casos de tercerizados se dan “en actividades accesorias “, por lo que su proyecto extiende la responsabilidad del empresario original en la tercerización horizontal de trabajo en todos los supuestos de contratación y subcontratación de personal.
“Las empresas que tercerizan deben ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los contratistas o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios y no podrán delegar esta obligación en terceros “, indica el texto de la iniciativa. Y establece en sus fundamentos que “cuando la agilidad de los negocios muestre como más conveniente una tercerización o una subcontratación, serán enteramente factibles, con un solo costo: el cumplimiento de las obligaciones para con el trabajador “.
Apenas trascendió el avance de la iniciativa, el sector empresario reaccionó con fuertes críticas al proyecto. “La tercerización es una corriente mundial y esto va contra un instrumento que el mundo utiliza “, se quejó un directivo de la Unión Industrial y advirtió que se trata de un tema “muy delicado “ porque no se puede pretender que en las compañías sean solidarias con los incumplimientos de su contratistas. “Las empresas no pueden asumir la tarea de control, esa es una responsabilidad del Estado “, criticó un referente de otra importante entidad empresaria.
