Hace poco más de un año, a través de una decisión administrativa, el Gobierno puso en marcha un programa llamado “Regularización de Empleo Público”. El plan, a cargo de la secretaría que lleva el mismo nombre, debajo del paraguas del Presidente, consiste en el pase a planta permanente de decenas de miles de trabajadores del sector público que hasta ahora estaban contratados con una modalidad transitoria.
El programa, que fue consensuado con los gremios de Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN) y de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -que reclaman este tipo de medidas hace tiempo- contempla a personas con cinco o más años de antigüedad. En total, se prevé la incorporación de 29.000 personas a la planta permanente.
De acuerdo con la Base Integral de Empleo Público, los empleados de la administración central -que incluye a la Presidencia, sus dependencias, los ministerios, secretarías, oficinas dependientes entes y organismos descentralizados, como el Indec, con excepción de las fuerzas armadas y de seguridad- ascendieron a 194.237 en febrero de este año. Dentro de este universo, cerca de dos tercios (127.040) forman parte de la planta permanente. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) -dentro del cual se realizarán los concursos- los números se invierten, con 20.388 personas (31%), aproximadamente, dentro del registro.
El Gobierno buscará pasar 29.000 de las 46.178 dentro del Sinep a planta permanente. Las nuevas incorporaciones la aumentarían en casi 23%. En total, la administración pública nacional, que representa al Poder Ejecutivo Nacional, emplea a 481.412 personas. De manera que las personas que pasarán a planta permanente representan un 6% de ese número.
El ingreso promedio de los trabajadores que pasarían a conformar la planta permanente es un salario bruto que se ubica en las bandas entre $63.000 y $70.500 y el 65% de los que se sumarán desempeñan funciones en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con Cippec.
La decisión oficial (449/2021) contiene un anexo de 67 páginas con el detalle de cuántas personas se buscan incorporar a cada área. Los que mayor cantidad de empleados efectivos sumarán son, en orden: el Ministerio de Trabajo (829), el Ministerio de Desarrollo Social (727), la Dirección Nacional de Migraciones (689), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (631) y el Renaper (484).
El plan se pensó en etapas, a partir de un relevamiento realizado en 2020. Durante el transcurso de 2021, se abrieron 10.500 vacantes en 80 organismos y jurisdicciones, de acuerdo con un informe interno de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, a cargo de Ana Castellani, elaborado en diciembre del año pasado. También se activaron 1101 cargos pendientes desde 2019 en 10 organismos. De estos, 1457 ya finalizaron sus concursos, 819 fueron evaluados y 2212 estaban en proceso. Se prevén para este año 8136 incorporaciones.
En los últimos meses, se aceleraron los llamados a convocatoria de distintos organismos, a través de resoluciones oficiales. El viernes pasado, por ejemplo, se abrieron cinco cargos en el Instituto Nacional del Agua. El día anterior, para 180 personas en el Ministerio de Turismo y Deportes y, el lunes, 154 vacantes en la Anmat, que depende del Ministerio de Salud.
Ante la consulta de LA NACION, aseguraron desde la Secretaría que los pases a planta permanente no tendrán efectos en el gasto público debido a que no variarían los salarios de los trabajadores, aunque fuentes especializadas mencionaron que este cambio permite el cobro de adicionales o suplementos. Además, se estarían priorizando aquellos que tienen diez años o más de antigüedad, es decir, que ingresaron al Estado en 2012, o antes.
Todas las etapas de los procesos (la preparatoria, de inscripción vía web y carga de documentación, distintas evaluaciones y finalmente tramitación y designación) se realizan mediante la plataforma Concursar 2.0, creada por el Gobierno en 2021, que permite hacer concursos y promociones en forma digital.
Un estudio del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (Cecap) de la Universidad Austral reveló que seis de cada 10 argentinos prefieren trabajar en el sector público, por sobre el privado. Las muestras son aún más claras cuando se hace la apertura por sectores de ingresos o de edad: el 66% de quienes tienen entre 18 y 29 años y el 73% de aquellos que se ubican entre 30 y 44, frente al 29% y 22%, respectivamente, que se inclinó por el mundo de las empresas.
Los entrevistados mencionan “la estabilidad como una de las principales cualidades del empleo público frente a la incertidumbre que genera el empleo privado en cuanto a garantizar la permanencia laboral”, indica el informe.
El debate
Fuentes oficiales aseguraron que se trata de un plan para cumplir la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Se trata de una normativa aprobada en 1999, que determina que solo un porcentaje de los empleados de cada área pueden ser contratados de manera transitoria y, luego, deben ser incorporados de manera permanente, según los convenios colectivos. Actualmente, rige el de 2006, que implica que solo el 15% de los contratos puede estar por fuera de la planta.
De acuerdo con diversos estudios, son 3,9 millones los empleados del sector público, aunque cerca de un 80% forma parte de las administraciones provinciales, principalmente, y municipales.
Para los especialistas, esta medida tiene una doble cara. Por un lado, destacan la importancia de normalizar la situación de los empleados públicos, que pasan décadas sin regularizar su situación contractual, aun en contra de la normativa vigente, impuesta -justamente- por el Estado. Sin embargo, por el otro, la estabilidad plantea riesgos en términos de la imposibilidad de despedir a un trabajador por mal desempeño y el continuo agrandamiento del Estado.
“Durante el gobierno de Mauricio Macri se puso en marcha este sistema y se hicieron 5000 incorporaciones. A medida que pasa el tiempo, son más los empleados que están en condiciones de pasar a planta por antigüedad, por el constante aumento de las contrataciones en el Estado. Si bien el incremento en el gasto sería marginal, la estabilidad en el Estado implica el riesgo de que el empleado se estanque y se convierta en un problema”, mencionaron desde la Fundación País Abierto y Digital, conducida por el exministro de Modernización, Andrés Ibarra. En esa época, de acuerdo con funcionarios de aquel entonces, se redujo el plantel en 45.000 personas.
La antigüedad promedio en el cargo de los 29.000 es de 14 años, lo que da cuenta de tres problemas centrales vinculados al empleo estatal de los últimos 15 años, de acuerdo con Cippec. “Primero, demuestra la ausencia de criterios formales en el reclutamiento y selección de empleados públicos, basados en concursos de mérito y oposición de antecedentes. En segundo lugar, los niveles de informalidad y fragilidad laboral de contratos de locación que luego continúan conformando las burocracias estatales, y sus diferentes ´capas geológicas´, agregando así distorsiones e inequidades varias. Por último, demuestra la continuidad de contratos cuyo sostenimiento se encuentra a merced de la discrecionalidad político partidaria de la autoridad gubernamental de turno y no a sus competencias profesionales”, comentaron a LA NACION.
Por Camila Dolabjian
Fuente: La Nación
