En el artículo 2, además se establece que la prestación por desempleo para los trabajadores convencionados o no convencionados será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo. Y aclara que, “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”.
Qué es el Salario Mínimo Vital y Móvil
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma define al salario mínimo como el ingreso mínimo que un trabajador puede recibir como retribución por su labor.
El Consejo que define el SMVM está compuesto por representantes del sector empresarial, los gremios, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo, que incluye a los gobiernos provinciales, entre otros. La legislación también establece que el SMVM es inembargable, excepto en casos de deudas alimentarias.
Además, el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipula que, al establecer el monto del SMVM, deben considerarse las necesidades de los trabajadores y sus familias, junto con factores como el desarrollo económico, los niveles de productividad y la generación de empleo.
Por otro lado, el salario mínimo también impacta en el valor de diversas prestaciones, como ciertos programas sociales, y en algunos casos, en el cálculo de la cuota alimentaria para padres separados. Sin embargo, el Salario Mínimo ya tiene una pérdida de poder adquisitivo superior al 30% luego de la devaluación de diciembre del año pasado. La tendencia decreciente de los años previos, adicionalmente a la fuerte contracción de estos meses, posicionó el salario mínimo en un valor inferior al registrado en 2001, previo a la crisis de la convertibilidad.
Fuente: Ámbito
