Hay preocupación dentro del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Afines (Copaipa) y en el Colegio de Corredores Inmobiliarios por el aumento de denuncias de ejercicio ilegal de la profesión, estafas, entre otros, por lo que sus autoridades se reunieron con el procurador de la provincia, Abel Cornejo, para buscar el mejor camino hacia un mejor control y fortalecimiento de las sanciones.
Dossier Web pudo conocer que del encuentro participaron los presidentes de ambas instituciones, Marianela Ibarra y Juan Marín Biella que primeramente compartieron información sobre irregularidades e ilícitos que se denuncian en ambas instituciones y las formas posibles de endurecer las sanciones vigentes.
La preocupación se agudiza porque se trata de casos muy complejos, y donde en la mayoría de los casos se involucran a falsos profesionales y que incurren en el delito de falsificación de instrumentos públicos, es por esto que consideran que se necesita pensar y analizar endurecer la legislación y sus sanciones.
Los profesionales explicaron que los delitos más denunciados en los colegios profesionales, son el ejercicio ilegal de la profesión, las estafas, ventas falsas y loteos inexistentes.
Biella aseguró que la intención es que a través de la modificación de la ley, se combatan mejor las posibles estafas y que la ley vigente, sea adecuada bajo el consenso y posible aplicación de todos los colegios.
En ese sentido destacó la necesidad de poner en funcionamiento la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre de 2019. Es que según el profesional, la mayoría de las estafas se cometen a través de redes sociales. “La protección no será solo para los profesionales, sino especialmente para los ciudadanos que requieren servicios y quienes son potenciales víctimas”, advirtió.
Durante el encuentro todos coincidieron en la necesidad de acordar las herramientas para mejorar el control sobre el ejercicio ilegal de la profesión, a través de procedimientos que agilicen el camino entre la denuncia radicada en los colegios y la investigación de las Fiscalías intervinientes.
Estos procedimientos quedarían plasmados en un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y los colegios profesionales directamente relacionados a la problemática para poder avanzar en soluciones concretas.
Los presentes también relataron casos específicos donde familias salteñas invirtieron sus ahorros e inclusive tomaron préstamos en búsqueda de cumplir el sueño de tener su propia casa y cayeron en manos de personas que los estafaron en nombre de instituciones.
