Los contribuyentes que blanqueen divisas en el exterior quedarán liberados de las sanciones de la Ley Penal Cambiaria a pesar de que hayan sacado los dólares del país contraviniendo normas del Banco Central.
El presidente del BCRA, Martín Redrado, prepara en estos momentos la reglamentación para otorgar esta liberación sin la cual en muchas casos sería inviable la repatriación de capitales.
Desde el Central también se aclaró que está perfectamente despejado el camino para traer capitales desde países como el Uruguay, que no pertenecen a la OCDE, siempre que estén controlados por bancos centrales.
Las infracciones cambiarias pueden darse en los depósitos de fondos, en los que puede quedar probado el ilícito por los mismos movimientos bancarios en el exterior.
Entre quienes podrían blanquear capitales se percibe todavía como un gran escollo tener que depositar los fondos en una cuenta bancaria local, algo sobre lo que también versará la reglamentación del BCRA, así como cuáles serán los documentos que los bancos solicitarán para cumplir con la regulación del lavado de dinero.
Aunque persistan muchas dudas, el interés no decrece. En concreto, los bancos del exterior que tienen una importante cantidad de depósitos de argentinos están consultando a la AFIP para interiorizarse en los lineamientos del blanqueo de capitales con el fin de asesorar a sus clientes. Otros que preguntan en masa son los desarrolladores inmobiliarios y otros posibles destinatarios de inversiones para los fondos que ingresen al circuito formal con impuesto especial reducido.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció este interés de los bancos y dijo que iniciará la ronda de diálogo en un encuentro con ejecutivos de Merrill Lynch, durante la primera presentación oficial del blanqueo que tuvo lugar en la Cámara Argentina de Comercio que preside Carlos de la Vega.
En la ocasión, funcionarios de la AFIP revelaron que el organismo emitirá dictámenes y otras normas que otorguen seguridad jurídica a las aclaraciones verbales que están realizando sobre la ley de blanqueo y su reglamentación, sin descartar que algunos temas exijan una nueva resolución general complementaria del reglamento recientemente promulgado.
Todo dependerá de las inquietudes que los interesados y los profesionales que los asesoran planteen en las reuniones técnicas que ofreció Echegaray para todo sector que se lo pida. “Pueden pedirnos reuniones técnicas y asesoramiento, nadie puede quedar afuera de este régimen por desconocimiento o falta de información”, dijo en la CAC Rubén Toninelli, Director General de la DGI.
Entre esos temas que se tendrán que aclarar figuran los que siguen:
* Conveniencia entre blanquear el accionista o la empresa.
* Situación de personas físicas que tienen inmuebles a nombre de una sociedad radicada en el exterior.
Casos particulares de testaferros.
En este primer encuentro, Echegaray y sus colaboradores no aceptaron preguntas, pero El Cronista pudo saber que es inmensa la cantidad de consultas que se presentan en los estudios privados. De todos modos, esas preguntas están referidas mayoritariamente a la moratoria fiscal y a la regularización de empleo en negro. No es tan masivo el interés por el blanqueo de capitales, el que tiene varios aspectos que despiertan desconfianza.
Entre estos puntos destacan los siguientes:
* La ciudad de Buenos Aires no adhiere al blanqueo, en consecuencia los que declaren bienes o dinero podrían tener el reclamo por parte de Rentas referido a los impuestos locales no ingresados (Ingresos Brutos, inmobiliario y patentes).
* El Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, pidió la inconstitucionalidad del blanqueo y se teme que esta causa avance y deje en la nada la iniciativa. En igual sentido, se teme porque la oposición fue a la Justicia para trabar el blanqueo ya que no habría tenido el número suficiente de votos para modificar impuestos que inciden en la coparticipación.
También pone un tinte de desconfianza al interés por el blanqueo la percepción de que no sólo la regularización laboral, sino también el blanqueo y la moratoria exigen mantener la plantilla de personal durante dos años, aunque la reglamentación intentó despejar esta duda y circunscribir la exigencia al plan para el empleo.
Dos inconvenientes jurídicos son que se interrumpe la prescripción de posibles acciones penales tributarias y que se debe renunciar a todo reclamo respecto del ajuste por inflación.
Fuente: El Cronista Comercial
