CORDOBA.- Los sectores productivos venían planteando desde hace varias semanas la necesidad de que los contactos estrechos de contagiados de coronavirus no se aislaran. El Gobierno nacional habilitó esa posibilidad, siempre que sean asintomáticos, tengan dos dosis y se hagan un test entre el tercer y quinto día del vínculo con el positivo (con tres dosis, sin examen). Desde la flexibilización de las cuarentenas las empresas más grandes se hacen cargo de las pruebas: pagan alrededor de $7.200 por un PCR y entre $4200 y $5.400 por los test rápidos, ambos con IVA incluido.
Desde el inicio de la pandemia, los costos de las empresas para cumplir con los protocolos aumentaron fuerte. Al inicio, en las cuarentenas más estrictas, pagaron el transporte de los empleados que no podían usar los medios públicos por no pertenecer a sectores esenciales. A eso se agregaron las pruebas de positividad -en el caso de las Pymes, la mayoría deriva a centros públicos- y las medidas de bioseguridad dentro de las plantas o locales.
Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), a comienzos del año pasado -cuando no había vacunas- más de la mitad de las empresas hacían tests a sus trabajadores para detectar Covid. Las proyecciones indican que hoy, con la tercera ola, son más las que instrumentan esos controles.
En ese contexto, tanto la UIA -para la cual las ausencias por Covid y contactos estrechos había alcanzado el 12,5%- como cámaras empresarias de diferentes rubros en todas las provincias reclaman que se habiliten oficialmente los testeos rápidos en fábricas y sedes laborales.
Hay muchas ciudades donde los municipios colaboran con las empresas y realizan las pruebas en los lugares de trabajo, sin cargo. Las Pymes, además, impulsan que las ART vuelvan a contar al Covid como una enfermedad laboral para todos los sectores; desde el 1 de este mes cubren solo al personal de salud y seguridad. Así, los empleadores deben cubrir la totalidad de días que dure la enfermedad.
Desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo ratificaron el viernes que “la cobertura a las trabajadoras y trabajadores por Covid-19 en tanto enfermedad profesional no listada, continúa a cargo del sistema de riesgos del trabajo para el personal de la salud y fuerzas de seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, hasta 60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, prevista para el 31 de diciembre de 2022″.
La entidad aclaró que ese es, en la actualidad, el esquema mayoritariamente adoptado -particularmente en relación con el personal sanitario- por gran cantidad de países que han considerado también al covud-19 para estos casos como enfermedad profesional, tales como Bélgica, Colombia, Francia, España y Portugal, Chile, Canadá, Perú, Dinamarca, Costa Rica, Colombia y tantos más.
Desde las empresas coinciden en que los contactos estrechos explican más de la mitad del ausentismo que se registra en el ámbito laboral y que la UIA calculó, para la industria, en alrededor del siete por ciento.
Referentes de diferentes rubros económicos plantearon a LA NACION que entre el costo del PCR o el testeo y el ausentismo, “lo primero conviene más, sale más barato”. Es que el salario del que se ausenta se debe seguir pagando y hay que agregar más para un reemplazo.
El esquema en el que se hacen los testeos varía mucho de empresa a empresa; las más chicas optan en general porque el trabajador concurra a un centro oficial donde no hay costos. Las más grandes tienen contratados servicios privados; en algunos lugares se hacen pruebas todos los días a todo el personal y, en otros, se opta por un esquema aleatorio.
Cómo son los controles
Por ejemplo, en el caso de una de las automotrices instaladas en Córdoba, los test se realizan diariamente a todo el personal. “Se hacen en la planta; nadie entra sin la prueba”, explica un vocero y aclara que con la tercera ola se optó por trabajar solo con “personal esencial”.
Un establecimiento industrial con 1000 empleados, hace pruebas a determinados grupos diariamente. Son alrededor del 15% cada jornada y, en función de los resultados, se suman más pruebas o no. Los jefes de áreas se hisopan cada lunes desde el inicio de la pandemia.
En algunas de las cadenas de supermercados más importantes optan por testear al personal que tiene contacto directo con los clientes una vez a la semana al menos. Entre el resto, eligen al azahar para las pruebas.
Daniel Urcía, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), señala que la decisión de asumir los costos de las pruebas fue desde el primer momento “para evitar la propagación interna”. Agrega que, si bien las medidas de prevención funcionaron porque aunque son “muy pocos los contagios dentro de las empresas, pero es la mejor forma de control”.
El titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, admite que en el caso de las Pymes no están pagando los test, ya que los trabajadores van a los centros habilitados. Pero, insiste, la preocupación es que si un empleado se contagia en vacaciones se considera a esos días como “jornal de enfermedad” y que las ART no se hacen cargo de nada.
“Queremos que la vacuna sea obligatoria -dice-. Es ilógico que el pasaporte sanitario que sea obligatorio para un recital y no para trabajar. Hemos hablado con el Gobierno, pero insisten en que no está pensando. Es ridículo que no se use para los empleos”.
Por: Gabriela Origlia
Fuente: La Nación
