Qué dice el polémico artículo 3 de Modernización del Estado
Uno de los primeros puntos donde se advierten cambios clave es en el artículo 3 de la Ley Bases que lista aquellos organismos estatales que específicamente quedan a salvo de su disolución . En Diputados ya habían sumado varias instituciones a pedido de las y los legisladores, como el Banco Nacional de Datos Genéticos y el CONICET. Ahora la lista se amplía sumando nuevos organismos .
Dentro del nuevo artículo 3 que propone La Libertad Avanza, se incluyen a la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) y al Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA) como otros organismos que no pueden ser desmantelados en un eventual proceso de achicamiento del Estado.
La lista de empresas a privatizar En la misma línea, también hubo nuevos cambios en el apartado sobre Privatizaciones aunque el gobierno de Milei no fue tan a fondo como reclamaban los bloques dialoguistas. En las sesiones del plenario -e incluso fuera de ellas- el pedido era ahora por reducir más aún la lista de empresas públicas sujetas a ser privatizadas, concesionadas o reconvertidas a un sistema híbrido.
Específicamente, se esperaba remover de la lista a dos empresas que son consideradas estratégicas por una parte de la oposición como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Se volverá a intentar en la sesión. Ya en el paso de la Ley Bases por Diputados, se había excluido al Banco Nación y todo su universo de empresas concatenadas, además de ARSAT. Esta vez, los libertarios se mantuvieron firmes en no quitar más firmas de la nómina.
Además se concedió ampliar de 30 a 120 días el plazo para que la Auditoría General de la Nación remita al Congreso un informe sobre el proceso de privatización de cada una de las empresas
Los cambios en el capítulo de Empleo Público
También en los apartados relacionados con las reformas al sistema laboral se incluyeron cambios en la última propuesta del Gobierno al Senado para conseguir la media sanción restante de la Ley Bases con un dictamen de mayoría que incorpore, a lo sumo, disidencias. En este caso, vale aclarar, las modificaciones al sistema vigente en la Argentina corren en dos capítulos, uno que atiende al universo del empleo público y el otro que versa sobre las contrataciones privadas bajo el rótulo de Modernización laboral .
En lo que refiere al empleo estatal, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado.
Uno de los puntos donde se da marcha atrás con el proyecto de Diputados es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad” en el artículo 53.
Donde no hay cambios es en esta mecánica de fondo que los gremios denuncian como inconstitucional por quebrar la estabilidad del empleo de planta en el Estado .
Sí de modifica el veto al aporte o cuota solidaria para los gremios estatales por parte de los trabajadores en relación al proyecto con media sanción de la Cámara baja. De no modificarse, el veto a la cuota solidaria hubiera sido solo para el empleo público y no el privado, estableciendo un doble estándar .
Sí permanecen vigente en el último proyecto que circuló el Gobierno otros puntos difíciles de digerir por los gremios del Estado como las sanciones por huelga con descuentos de horas, el incremento de los plazos de prescripción de las sanciones y la reducción de 5 a 3 jornadas de ausentismo de continuado sin justificar para implementar la cesantía .
En el articulado sobre registración laboral dentro del capítulo de Modernización Laboral, por su parte, se agrega que el importe único para las obligaciones emergentes incluirá a las previsionales, y deja de lado a las que tengan origen convencional, en el artículo 81.
Suma además una aclaración relevante durante el denominado período de prueba que contempla el artículo 89 de la última versión de Ley Bases. Pese a que los plazos no se tocan -el período de prueba se extiende de tres a seis meses, ampliable a ocho en las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta un año en las de menos de 5- ahora remarca que cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización .
También se flexibiliza la incorporación del despido con justa causa por acciones de bloqueo o toma de los establecimientos ya que según el artículo 91 bis, el categórico “configurará” injuria laboral grave troca por un potencial “podrán configurar”, dejándolo a criterio del juez interviniente.
En el último punto, referido a los trabajadores independientes , el proyecto lo baja de cinco a solo tres trabajadores cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica”.
Cómo quedan el RIGI y las facultades delegadas Otros dos puntos significativos que van a ser negociados con la oposición dialoguista son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI ) y las facultades delegadas ; aspectos nodales para el presidente Javier Milei: el primero, porque considera que es una de las pocas vías de entrada que puede ofrecer a inversores externos para lograr la llegada de capitales, y la segunda porque las considera vitales para lograr una gobernabilidad mayor de cara al próximo año que se le presagia , en el que seguirá manteniendo la hiperminoría en ambas cámaras del Congreso.
Del primero se busca incluir las PyMES en la cadena de valor local de las inversiones y no solo como opción , tal como quedó en el dictamen del plenario de comisiones en el Senado. Y en lo que refiere a las facultades delegadas, que se reducen hoy a la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética , por espacio de un año y el poder delegado en materias de administración y de emergencia, también por doce meses.
Fuente: El Cronista
