Con 111 afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que busca modificar la Ley 25.246, de prevención y control de lavado de dinero. Aunque resta el debate en el Senado para que la reforma en la legislación se concrete, el proyecto del Gobierno apunta a crear herramientas de regulación de la actividad de las criptomonedas.
“No queremos más Cositortos“, sostuvo en su intervención Germán Martínez, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, quien cerró la sesión que debatía la modificación de la ley de lavado de activos. “Tener una mejor normativa en lo que tiene que ver con el lavado de activos sin lugar a dudas va a cortar muchos de los vínculos que va a tener el lavado de dinero con el delito narco“, concluyó.
Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
Además se modifican los artículos vinculados del Código Penal y la creación de un registro de activos virtuales. En este marco es que entran las criptomonedas, cuya fuerte presencia en la Argentina está vinculada a la evasión de controles y saltar el cepo cambiario sobre el dólar.
Esta transformación toma mayor dimensión considerando que las transferencias con criptomonedas en la Argentina alcanzaron los U$S 93.000 millones entre julio de 2021 y junio de 2022. Según el índice de Adopción de Criptomonedas 2022, presentado por la empresa especializada Chainalysis, Argentina se ubica en el puesto 13° en el ranking mundial de uso de cripto.
La iniciativa había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas, pero no había recibido dictamen. Su reimpulso -que obtuvo respaldo del oficialismo y el PRO- se enmarca en que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad, por lo que su aprobación es un objetivo clave para el Gobierno.
En los fundamentos del proyecto para aumentar los controles sobre las criptomonedas se afirma que “se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI“.
“En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas”, sostuvo el Ejecutivo en el proyecto enviado al Congreso.
