La polémica se ha desatado en Argentina con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados y que este miércoles 21/10 debatirá el Senado, de un nuevo impuesto que gravará con un 30% más los productos electrónicos importados de otros países y los elaborados en cualquier zona del país que no sea Tierra del Fuego.
El gobierno plantea el movimiento como una medida para proteger la industria tecnológica de Tierra del Fuego, frenar la importación indiscriminada.
Además, también se rebajan los impuestos entre 7% y 21% a los productos fabricados en Tierra del Fuego
De aprobarse la iniciativa, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados ya que los senadores modificaron la “avivada “del presidente de la Comisión de Presupuesto, el santafecino Gustavo Marconato, evitando que resultara favorecida una fábrica de aire-acondicionados (¿los que usa el legislador nacional?).
La Comisión de Presupuesto y Hacienda aprobó un dictamen mayoritario que establece que los acondicionadores de aire protegidos son los que llegan a un máximo de 6.000 frigorías, en lugar de hasta 18.000l que contemplaba el texto con media sanción en Diputados.
Los equios de hasta 6.000 frigorías cubren las necesidades de domicilios particulares, mientras que los de mayor tamaño comprenden a maquinarias destinadas a locales comerciales e industriales de gran tamaño.
En la sesión del 05/08, el presidente de la Comisión de Presupuesto y hacienda, Gustavo Marconato, propuso durante el debate en el recinto la cláusula de la sospecha. Según consta en la versión taquigráfica, Marconato planteó que en el "artículo 1 referido a máquinas y aparatos para acondicionadores de aire, se hace una modificación técnica: se elimina 6.000 frigorías y se coloca 6 toneladas. La modificación no había sido planteada antes en la comisión.
Posteriormente una nota de la empresa Multicontrol que llegó al Senado, se quejaba porque el cambio de Diputados dejaba fuera de competencia a los acondicionadores comerciales que se fabrican en la provincia de Buenos Aires y favorecía a empresas radicadas en Tierra del Fuego, entre otras a BGH, con un negocio que mueve unos 18 millones de dólares, según el monto facturado, en 2008, por el segmento de aire acondicionados de entre 6.000 y 18.000 frigorías.
Esta avivada de Marconato, hizo que varios senadores de kirchnerismo se negaran a prestar su consentimiento para aprobar una ley que pudiera ser cuestionada como poco transparente.
Las sospechas también recaen sobre el subsecretario de Industria, Héctor Alonso, que dio el visto bueno a la sanción de Diputados cuando fue consultado por el bloque kirchnerista del Senado. "Nosotros le mostramos a Alonso la sanción de Diputados y en ningún momento hubo objeción ni ningún planteo de su parte, así que entendimos que se trataba de un proyecto consensuado", agregó Pichetto.
El proyecto cuenta con el apoyo explícito del oficialismo que con esta gestión ganará un respaldo más permanente de dos senadores fueguinos, elegidos en 2007 en nombre del ARI, pero que luego tuvieron posiciones cercanas al Gobierno nacional.
De transformarse en ley , los productos electrónicos que no se produzcan en Tierra del Fuego verán aumentado su Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 21%, al mismo tiempo que se reducen los gravámenes internos en la provincia austral.
La propuesta modifica la ley de impuestos internos, extendiéndolo con una alícuota del 17% nominal (26,63% tasa efectiva) a la importación definitiva y/o venta de celulares, cámara digitales de fotografías, equipos de GPS, monitores LCD para computadoras y televisión, entre otros artículos.
La cuestión es que, además de esos $ 500 millones con los impuestos internos, el proyecto sube le IVA del 10,5% en que estaba hoy al 21%. Con esos recaudarán otros $ 2.500 millones, que saldrán directamente del bolsillo de los consumidores, a los que aún no se aclaró cuál será el destino. Todo apunta a que, simplemente, pasarán a engrosar el colchón de recaudación$ 2.500 millones.
De aprobarse la ley las computadoras de escritorio aumentarían 15%; las cámaras digitales, 25%; los celulares, las notebooks y las netbooks un 30%.
La iniciativa oficial se agrega a un decreto, el 252/2009, que otorga una reducción en la aplicación de impuestos internos a productos eléctricos y electrónicos fabricados, o a fabricarse, en Tierra del Fuego del 61,47%.
El proyecto de ley considerará a las computadoras portátiles, los monitores LCD, las cámaras digitales y los teléfonos móviles, entre otros productos, como artículos 'suntuarios'. Además del incremento en la alícuota del IVA, sufrirían la quita de otros beneficios a la importación.
Alcanza con Impuestos Internos a una serie de bienes eléctricos y electrónicos de uso común, entre ellos, monitores LCD, teléfonos celulares y todo equipo de electrónica o informático que pesen menos de 10 kilos. También duplica la alícuota en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para estos dispositivos.
La iniciativa logró generar el rechazo de un amplio abanico de compañías fabricantes y ensambladores de computadoras y empresas de telecomunicaciones, que advirtieron que el aumento de la carga impositiva impactará directamente a este sector, que fabrica 1,5 millón de computadoras y emplea en forma directa a 5.600 personas.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la República Argentina, sostuvo que la suba de impuestos a productos tecnológicos “provocará pérdida de empleos e imposibilidad de sustituir importaciones, aumento de precios para el consumidor, y del contrabando y el fraude marcario, así como el atraso tecnológico y el mayor consumo energético”.
También rechazaron el proyecto los empresarios de Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines y la Cámara Argentina de Comercio e Importación de Equipos de Imagen, Fotografía y Electrónica).
Intel, el mayor productor mundial de chips, también manifestó su rechazo al proyecto. No dudaron en calificarlo de “inadecuado”. Y no creen que “el camino para que se desarrolle una industria nacional sea por el lado de castigar al consumo”.
Comerciantes e importadores de equipos fotográficos rechazaron la iniciativa porque provocaría aumentos del 25% en los precios de las cámaras digitales y una fuerte reducción en la actividad del sector
