Un reciente informe presentado en Buenos Aires alertó sobre las trabas que frenan el aprovechamiento de uno de los recursos más codiciados en la transición energética.
El estudio, titulado “Litio en Argentina: Cómo atraer buenas inversiones para un mejor futuro”, elaborado por Fundación Libertad, Invecq y el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), revela que Argentina tiene el 21% de las reservas globales de litio, pero solo produce el 5,2%. La discrepancia evidencia obstáculos estructurales que impiden a Argentina aprovechar su riqueza en este mineral estratégico.
El relevamiento, basado en entrevistas a empresarios y funcionarios en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, identificó vacíos regulatorios, fragmentación provincial y controles deficientes que desalientan inversiones de calidad y de largo plazo.
El contexto en el Triángulo del Litio. Argentina forma parte junto a Bolivia y Chile del “Triángulo del Litio”, que concentra entre el 56% y el 68% de los recursos mundiales, según el U.S. Geological Survey 2024. Bolivia posee el 22%, Argentina el 21% y Chile el 10,5%. Sin embargo, en producción, Australia lidera con casi la mitad del mercado (47%), seguida por Chile (24%) y China (17%). Argentina, con medio centenar de iniciativas en desarrollo, cuenta con solo cuatro proyectos en etapa de comercialización y cinco en construcción.
La creciente demanda global, impulsada por baterías para autos eléctricos y dispositivos electrónicos, hace que Argentina tenga un potencial enorme para escalar su participación en el mercado internacional.
El problema de la “zona gris” regulatoria. La principal limitación es la ausencia de una ley específica de litio. Actualmente, la actividad minera se regula por normas generales como el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, que generan incertidumbre y desincentivan proyectos a largo plazo. La fragmentación normativa entre provincias, con reglas diferentes y requisitos dispares, agrava aún más la situación.
El informe también advierte sobre el régimen de precios de transferencia, que en 2024 fijó un valor de referencia de 11,35 dólares por kilo, muy por debajo de los 53 dólares de 2022, lo que favorece prácticas de subfacturación y evasión fiscal, como en el caso de Livent.
Inversiones “constructivas” versus “corrosivas”. El análisis distingue entre inversiones que priorizan beneficios inmediatos, con impacto ambiental y social limitado, y aquellas que fomentan estándares rigurosos, transparencia y beneficios locales duraderos. La clave para un desarrollo sostenible está en promover inversiones constructivas.
Recomendaciones para potenciar el sector. El informe propone siete acciones principales:
- Modernizar el régimen fiscal y aduanero con un esquema específico para precios de transferencia.
- Reforzar la Mesa del Litio como espacio de articulación entre Nación y provincias.
- Establecer una participación estatal de entre 5% y 10% en los proyectos.
- Implementar la adhesión plena a la Iniciativa de Transparencia en Industrias Extractivas (EITI).
- Publicar contratos y licencias vinculados a recursos públicos.
- Diseñar estrategias para atraer capital con estándares tecnológicos exigentes.
- Financiar infraestructura mediante alianzas público-privadas.
El desafío argentino. A pesar de concentrar el 21% de las reservas globales, Argentina solo produce el 5% del litio, por falta de reglas claras, coordinación efectiva y políticas de largo plazo. La implementación de estas reformas será clave para que el país pueda aprovechar su potencial y convertirse en un actor central en la transición energética mundial.
