La reunión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron con los gobernadores inauguró de manera formal las negociaciones entre Nación y las provincias por el Presupuesto 2025. Dentro de ese intercambio, uno de los ítems que será clave para destrabar el proyecto de ley es la obra pública, paralizada por el plan motosierra de Javier Milei.
Tras aclarar que el pedido del Presidente a los distritos para que realicen un ajuste de u$s60 mil millones fue “en sentido figurado”, la administración libertaria escuchó quejas sobre el impacto negativo que genera en el territorio el haber freezado numerosos proyectos de infraestructura -en especial viviendas y rutas- sin una solución en el horizonte próximo.
Obra pública, prioridad para los gobernadores
En los últimos meses, la queja fue in crescendo entre los jefes provinciales, indistintamente de sus escuderías políticas. Efectivamente, el problema surca transversalmente a todos los distritos y golpea a las gestiones subnacionales, que dan cuenta del deterioro en distintas obras ya iniciadas. “Estamos tratando de reactivar el tema vivienda para que no pase a mayores”, confió una voz consultada por Ámbito desde una provincia gobernada por Juntos por el Cambio (JxC).
De hecho, semanas atrás, en una cumbre logística que tuvo lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los diversos mandatarios que disertaron hicieron saber su malestar. “Necesitamos que se mantenga a cada ruta del país como se mantiene a la General Paz”, dijo el chubutense Ignacio Torres, del PRO. Su compañero Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, agregó: “”Yo estoy peleando con el Gobierno para que me transfiera las rutas nacionales. Desde el interior sabemos mucho más que desde una oficina acá en Buenos Aires, pero eso tiene que estar acompañado por recursos”.
Ese estado de ánimo tiene varios correlatos. Por un lado, como contó Ámbito, se hizo palpable en el cónclave con Caputo y Francos. Allí los jefes provinciales, que participaron mayoritariamente por Zoom, mandaron al Gobierno a rehacer el anexo del Presupuesto 2025 sobre obra pública, al señalar diversas falencias en su articulado. “En la reunión del lunes hubo un compromiso de trabajar en las obras incluidas en los convenios firmados”, apuntó a este medio uno de los asistentes.
A la par, la fuente indicó que la obra pública nacional tuvo una leve reactivación en julio, como consecuencia de los acuerdos suscriptos por Nación con 21 provincias para traspasar y reactivar aquellos proyectos ya avanzados.
No obstante, las dudas respecto a la provisión de recursos para llevarlos adelante y diversos grises en los entendimientos hicieron que el índice volviera a caer durante agosto y septiembre, reavivando las inquietudes de los mandatarios. En la misma sintonía, un funcionario patagónico del área economía señaló que “se hace complejo sostener a la obra pública tras la baja de variables”.
Anticipó, además, que se ponderarán proyectos indispensables, de infraestructura básica o sanitarios. “Probablemente terminemos confluyendo en un plan modesto de $20.000 millones”, detalló, y sumó que será clave busca financiamiento en pesos, con colación de bonos o letras.
El lado B de esa pulseada quedó expuesto este martes en Jujuy, cuando trabajadores de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que protestaban contra el desempleo causado por la parálisis de las obras fueron reprimidos por la policía provincial en la localidad de Ledesma. Los manifestantes le reclamaron al presidente Milei y al gobernador Carlos Sadir la reactivación de distintos proyectos.
“Este tema nos está afectando mucho, tenemos 8 mil trabajadores desocupados. Así como en algún momento Jujuy fue histórico en obra pública, hoy la estamos pasando mal, esperando la reactivación”, denunció el secretario general de la UOCRA jujeña, Ramón Neyra, en diálogo con AM 750. “Mi repudio es total a cualquier hecho de violencia. Un compañero sale a pedir trabajo y es reprimido. No voy a estar de acuerdo nunca, lo hablé hoy con gente del Gobierno. La gente fue pacíficamente y nos encontramos con esto”, completó.
Precisamente, en la 52° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se desarrolló la semana pasada en Misiones, las 10 provincias que conforman la región reclamaron que se incluyan en el Presupuesto 2025 partidas específicas para obras públicas inconclusas y para otras que ya cuentan con aprobación pero a las que la actual administración nacional no les asignó recursos. “Nuestra preocupación es que se trabaje en una distribución federal de los recursos para cumplir muchas de esas obras que todavía no se hicieron”, opinó el presidente de la Cámara de Diputados misionera, Oscar Herrera Ahuad.
Desplome de la obra pública e impacto en las provincias
De acuerdo a un informe realizado por la consultora Politikón Chaco, la inversión del Estado nacional en las provincias cayó un 83,7% en términos reales durante la primera mitad del año, el monto más bajo desde al menos 2017. En particular, el sector de las construcciones, es decir, la Obra Pública, se contrajo un 86,2% contra el primer semestre del año pasado. Solo Tierra del Fuego y Jujuy exhibieron mejoras contra 2023, mientras que La Rioja presentó la caída más fuerte de las provincias.
Estas demandas, además, tienen una dimensión política que se plasma en el Congreso, donde los gobernadores dialoguistas juegan a “policía bueno, policía malo”. Así, por ejemplo, el bloque de Diputados de Innovación Federal, donde confluyen legisladores que reportan a los oficialismos de Río Negro, Salta y Misiones -todos de fuerzas provinciales-, votaron a favor a de la ley Movilidad Jubilatoria y luego se abstuvieron cuando se trató el veto de Javier Milei.
Casi en espejo, senadores de esos mismos espacios alzaban las manos a favor de los proyectos de financiamiento universitario y contra el DNU que asignaba $100.000 millones de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ampliando el toma y daca con la Casa Rosada. En la misma tónica, los gobernadores de las 23 provincias emitieron hace dos semanas un documento crítico en el que reclaman por “el cumplimiento respecto a la financiación y/o ejecución de la obra pública en territorios provinciales”.
Lo hicieron apenas días después de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunciara que “la obra pública no vuelve más” durante un almuerzo de la Fundación Mediterránea. “Había un grupo de funcionarios que iban vendiendo las obras por los municipios y las provincias. Así, la obra pública era un mecanismo de corrupción y sometimiento político. Hacía falta decisión para eliminar todo eso de un saque. Y Javier Milei lo hizo”, comentó en la ocasión.
Pese a relativizar el pedido de Milei a las provincias, en las filas libertarias no dan el brazo a torcer: “No les va a quedar otra que ajustar. Que comiencen las reuniones bilaterales será el ámbito que tendrán para negociar, sobre todo en vísperas de un año electoral donde el oficialismo quiere conseguir más bancas”.
