Después de meses de negociación, la Argentina y el FMI llegaron a un acuerdo por el cual, el organismo se compromete a liberar USD 7.500 millones en agosto y otro monto a definir en noviembre, en tanto el directorio apruebe las revisiones.
En medio de un contexto económico desafiante para Argentina, las autoridades del país han logrado un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar las revisiones quinta y sexta del Acuerdo de Facilidad Ampliada (EFF) de 30 meses. Este acuerdo, que está sujeto a la aprobación de la Junta Ejecutiva del FMI en la segunda quincena de agosto, permitirá a Argentina acceder a aproximadamente US$7.500 mil millones para enfrentar las dificultades económicas. A esto se le suma un nuevo desembolso -con monto a convenir- durante el mes de noviembre.
Si bien, el staff técnico del Fondo aprobó el desembolso de los USD 7.500, aún debe ser aprobado por el directorio, con lo cual, no estarán disponibles para enfrentar el vencimiento que tiene la Argentina con el organismo durante la semana que viene -USD 3.500 millones-. Es por esto que se aprobó la realización de operaciones puente a través de otros organismos internacionales -Banco Mundial, BID y CAF- para afrontar dicha obligación. Es decir, estos organismos son quienes garantizarían las divisas para el pago al fondo. De confirmarse esto, no habría impacto directo sobre las reservas internacionales.
El pago del lunes aún no está garantizado porque si bien el FMI aprueba el uso de las operaciones puente, estas aún no han sido confirmadas. Por otro lado, si bien el Gobierno da por hecho el desembolso aprobado por el staff técnico, en términos prácticos, los dólares no estarían disponibles hasta después de las elecciones PASO.
A diferencia de las condiciones anteriores, el FMI, en este nuevo acuerdo, le permite al Gobierno intervenir en el mercado de dólares financieros. Es decir, deja que el Gobierno venda dólares a cambio de bonos para evitar la escalada del dólar MEP. En este sentido, parecería haber cierto apoyo político a partir de las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa el pasado domingo.
Según el organismo, el panorama económico del país “ha sido complejo desde la finalización de la cuarta revisión en marzo, donde se evidenció que los objetivos clave del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto inesperado de la sequía, así como a deslices y demoras en las políticas implementadas”.
Ante esta situación, el acuerdo contempla un paquete de políticas y objetivos -algunos ya adoptados y otros recalibrados- con un enfoque secuencial para reconstruir las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, al mismo tiempo que se protege la infraestructura crítica y el gasto social. El objetivo es fortalecer el programa y abordar los desafíos económicos actuales.
“Las discusiones se centraron en alcanzar un acuerdo sobre un paquete de políticas para reconstruir reservas y mejorar el orden fiscal. Salvaguardar la estabilidad y abordar los desequilibrios subyacentes, como la alta inflación y la escasa cobertura de reservas, son fundamentales para asegurar un crecimiento más sostenible, resistente e inclusivo a mediano plazo. Se llegó a un acuerdo en las siguientes áreas clave”, reza el acuerdo.
En cuanto a la política cambiaria y monetaria, las partes acordaron fortalecer y armonizar el régimen cambiario para mejorar sosteniblemente la cobertura de reservas y la estabilidad externa. Para lograr esto, se tomaron medidas para impulsar la liquidación de exportaciones y contener las importaciones en el corto plazo. También se mantendrá una el crawling peg -mini devaluaciones diarias- para preservar la competitividad y apoyar las metas de acumulación de reservas, mientras que la política monetaria será un instrumento clave para contener las presiones del mercado.
En el ámbito fiscal, se ha acordado mantener la meta de déficit fiscal primario para 2023 en 1.9% del PIB. Para cumplir con este objetivo, se implementarán medidas de ingresos y gastos acordadas para ajustar la política fiscal en la segunda mitad del año, asegurando al mismo tiempo la protección de la infraestructura prioritaria y los programas sociales.
En términos de financiamiento, el camino fiscal acordado no incluye una mayor dependencia del financiamiento monetario directo del déficit fiscal. Los exitosos intercambios voluntarios de deuda recientes han reducido significativamente los riesgos de refinanciamiento y se espera que apoyen la movilización de financiamiento doméstico neto adicional durante el resto del año.
Además, se espera que el acuerdo de políticas contribuya al aumento de las reservas durante el resto de 2023, con un objetivo acumulado de acumulación de reservas internacionales netas de alrededor de US$1.000 mil millones para finales de año.
Desde el ministerio de Economía se comprometieron a implementar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses, y adaptarse proactivamente a las condiciones cambiantes del entorno externo y doméstico. También reiteran su compromiso de cumplir con las obligaciones financieras ante el FMI, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa.
“Agradecemos a las autoridades argentinas por las continuas discusiones abiertas y constructivas. También damos la bienvenida a su compromiso de fortalecer el programa y tomar las acciones necesarias para asegurar la estabilidad macroeconómica de Argentina durante este período desafiante, marcado por la sequía sin precedentes como un factor central”, concluye el texto publicado en el sitio web oficial del organismo.
Este acuerdo con el FMI representa un poco de oxígeno -en términos políticos- para las debilitadas arcas del Banco Central y podría contribuir a despejar ciertas dudas sobre la inestabilidad cambiaria -no porque ingresen dólares sino porque el acuerdo con el Fondo puede generar cierta confianza- vivida durante los últimos días, lo cual será un factor clave de cara a las próximas elecciones de agosto.
