El Instituto de Investigación Social, Económica, Política Ciudadana (ISEPCI), realizó un informe sobre el impacto inflacionario sobre los alimentos y su relación a la asistencia económica que reciben millones de argentinos alertando que durante el 2022 la canasta de alimentos aumentó un 94.42%.
Según el relevamiento de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) que realizan mensualmente desde el Índice Barrial de Precios, los alimentos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en noviembre aumentaron 4,17%, mientras que a lo largo del 2022 crecieron 94,42%. Así es que, una familia de dos adultos/as y dos menores que en diciembre de 2021 necesitaba $ 31,849,95 para adquirir sus alimentos indispensables, en noviembre pasado precisó unos 30 mil pesos más (+94,42%) para comprar los mismos productos. El total de la CBA sumó entonces $61.922,21, llevando a las familias que no alcanzan a tener ese ingreso mensual a caer por debajo de la línea de indigencia.
Por su lado, el total de la Canasta Básica Total (CBT) que comprende los productos básicos indispensables (alimentación, salud, educación vivienda, transporte, vestimentas, etc.) para que una familia o una persona individualmente pueda vivir adecuadamente durante treinta días, sumó en noviembre $4.982,37 (3.71%).
A lo largo del año el incremento fue de 85,35%, poniendo el monto de la CBT en $139.324, siendo este el valor mínimo que marca el límite para una familia de cuatro personas no ser considerada por debajo de la línea de pobreza.
En noviembre los productos de almacén lideraron los aumentos, mientras que a lo largo de 2022 las frutas y verduras tienen el triste privilegio de encabezar todas las subas.
Luego de varios días de versiones alrededor la vigencia y/o suspensión de los planes potenciar, la ministra aseguró que aun cuando continuarían con las auditorías a las personas que los reciben para confirmar si cumplen con las condiciones para percibirlos, no se suspenderían los pagos correspondientes para los próximos meses.
Desde el Isepci consideran que esa modalidad nunca se mostró como una herramienta transparente para controlar si los fondos transferidos desde el Estado efectivamente cumplen con los objetivos declamados. “Todo este proceso estuvo permanentemente cruzado por debates entre distintos sectores del propio gobierno que se disputan diversas cajas, y que se acusan entre sí por distintas desviaciones”, reza en el informe.
“Entre denuncias sobre aspectos secundarios de las orientaciones económicas y sociales de una conducción económica, a la que cada vez le resulta más difícil seguir ocultando que su objetivo principal es ajustar sobre los sectores de menores ingresos, concediendo más y más beneficios a los más poderosos”.
Un estudio realizado por los investigadores del Instituto, Rubén Ciani y Lucas Aballe, mostró que a lo largo de 2022 las transferencias de las diferentes asignaciones sociales que recibieron las familias de menores recursos, salvo meses puntuales, siempre quedaron rezagadas en la carrera contra los aumentos de los alimentos básicos.
Finalmente consideraron que los funcionarios que administran esos recursos y toman las decisiones cruzan todas las fronteras, “alejándose cada vez más de las necesidades populares”.
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