El máximo tribunal aprobó el per saltum y recibió el pedido de apelación que los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli presentaron ante el veredicto que determina su traslado inmediato. El Consejo de la Magistratura no podrá realizar cambios hasta tanto se analice el fondo de la cuestión.
El máximo tribunal de la República Argentina resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para evitar ser removidos de la Justicia Federal Penal. Los magistrados investigaron la gestión kirchnerista, razón por la cual su remoción generó polémicas y movilizaciones sociales.
Desde la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz accedieron a la apertura del recurso excepcional. Gracias a estas acciones se suspendió que el Consejo de la Magistratura había iniciado para remover a los magistrados federales. En su comunicación la Corte Suprema además de paralizan las modificaciones determinó un periodo de 48 horas para que el Consejo enviará el expediente completo.
Si bien la Corte accedió al recurso no dictó una sentencia final, ya antes esperará la contestación del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal fijó plazos con días y horarios específicos, por lo que se espera que la espera por la decisión de fondo no se extienda demasiado. Hasta tanto, los jueces permanecerán de licencia porque así lo solicitaron.
¿Qué es el per saltum?
En el proceso normal, cuando un juez pronuncia su veredicto las partes pueden apelar y solicitar que la causa se eleve a alguna cámara, o tribunal superior. Luego que ésta cámara también emite su dictamen, se abre la posibilidad de presentar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El término per saltum (“por salto” en latín) se utiliza para referirse a un recurso atípico que implica el salto de instancia para presentar una causa directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El per saltum está formalmente vigente desde 2012, a través de la Ley 26.790.
