Más de 500 empresas mostraron una gran preocupación por este caso a través de la Unión Industrial del NOA y NEA y el miedo de que puedan continuar este tipo de medidas en otras industrias.
Un documento al que tuvo acceso Dossier Web marca un unánime rechazo al decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional que dispone la expropiación de la firma Vicentín.
“Rechazamos esta medida, que representa una situación inédita e implica no solo una progresiva intervención discrecional del estado en el sector privado, sino que implica despojar a los empresarios del derecho de propiedad”, declararon desde la entidad. “Con este antecedente tan singular, advertimos una reconfiguración de las relaciones de la institucionalidad política y las actividades económicas, creándose un derecho litigioso de los propietarios de una empresa contra el Estado” establece el documento.
Bajo el concepto de “Soberanía Alimenticia”, el gobierno explicó en conferencia los motivos a la hora de llevar adelante la expropiación de la empresa: Vicentin tiene una importante deuda con el Estado nacional en donde el Banco de la Nación es su principal acreedor con 18.300 millones de pesos, a la par que la deuda con el Banco Provincia de Buenos Aires asciende a $1.600 millones. Desde la entidad sostienen que expropiar una planta cerealera santafecina de capitales privados tiene, al menos, dos profundos impactos económicos: Agranda, aún más, el gigante Aparato Estatal y Desvía las miradas de posibles inversiones hacia otros destinos, lo cual hace que se profundice la triste realidad y futuro económico para la industria nacional.
“Si queremos que Argentina crezca hay que tener reglas claras: Seguridad Jurídica y Protección de la Propiedad Privada. Desde nuestra institución recibimos, con extrema preocupación, la mayor irrupción del Estado en las Actividades Productivas” declaró Jorge Rocchia Ferro, Presidente de la Unión Industrial de Tucumán quien hace unas semanas fue uno de los que recibió al Presidente Fernández tras su llegada a la Provincia.
“Las medidas que son de público conocimiento son un ajuste jurídico que da lugar al desamparo y la arbitrariedad, situación que se torna grave para el sector empresarial y la sociedad en su conjunto” expresaron.
Desde las empresas que nuclean la entidad explican que la carga impositiva ya es un peso importantísimo en el costo productivo, “no se puede agregar la incertidumbre de una posible Expropiación”. Consideran la situación desde todo punto de vista inadmisible en contra de la propiedad privada.
El documento lleva las firmas de Paula Bibini, Presidenta de la Unión Industrial de Salta y los Presidentes de las Uniones Industriales de Catamarca, Carlos Muia; Chaco, Andrés Irigoyen; Corrientes, Julio Galvez; Formosa, Jorge Antueno; Jujuy Nilo Carrión; La Rioja, Bogos Ekserciyan; Misiones, Jose Luis Coll; Santiago del Estero, Jose Maria Cantos; y Tucumán, Jorge Rochia Ferro.
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