Aseguran que con la nueva ley, es inminente una ola de despidos y la caída de la inversión.
Cuando las modificaciones a la ley de abastecimiento que el Congreso aprobó el miércoles pasado entren en vigencia habilitará al Estado nacional a definir cuánto deberá un empresario cobrar los productos que ofrece y que están destinados a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos. Establecerá máximos y mínimos de los precios en cualquier etapa de la cadena de producción. Podrá decomisar mercadería en caso de subas “injustificadas”, e imponer multas que llegan hasta los 10 millones de pesos.
Las medidas levantaron polémica en Salta y empresarios y académicos locales de distintos sectores se expresaron en contra.
Las modificaciones apuntan a disminuir la inflación ejerciendo un fuerte control sobre los precios, a pesar de que ninguna de las políticaa de intervencionismo tomadas fue efectiva. La mayoría coincidió en argumentar que el desempleo, la caída de la inversión y sobre todo la violación a la propiedad privada, son evidentes con la nueva ley.
Daniel Chávez Díaz, empresario y presidente de la Unión Industrial de Salta, manifestó su disconformidad: “Estamos en contra porque consideramos que es una ley que invade la propiedad privada. Para combatir la inflación se tienen que tomar medidas que no pasan por el control de precios”.
El titular de la UIS añadió que “nunca funcionó el intervencionismo estatal. Esta ley es del año 1974. Nunca se pudo aplicar. Tiene cambios que dan excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo”.
Aprobada por 130 votos, los diputados nacionales por Salta que votaron a favor de la implementación de la medida fueron: Evita Isa, José Vilariño, Pablo Kosiner y Susana Canela. Todos del Frente para la Victoria. En contra, Guillermo Durand Cornejo (PRO), Bernardo Biella (UCR) y Pablo López (PO).
Empresarios dijeron a El Tribuno que intentaron en reiteradas oportunidades reunirse con los diputados salteños del FpV pero no los atendieron.
“Esta es la misma ley que se aplica en Venezuela. Atenta contra el derecho de la propiedad privada. Este tipo de leyes se aplicaron en Estados totalitarios porque pone en mano de una Secretaría la oferta y la demanda”, dijo el economista Felix Piacentini, titular de Noanomics. Para éste, la posibilidad del Estado de decomisar mercadería sin previa intervención judicial, es el mayor agravante. “Va a tener un fuerte impacto sobre el empleo. Si al empresario desde afuera le definen cuál es su rentabilidad y cuánto va a cobrar por cada producto, es muy probable que produzca menos y no invierta”, consideró.
Entre otros puntos en los que coincidieron es que tienen expectativas de que la ley de abastecimiento sea declarada inconstitucional por la Justicia. Entre ayer y hoy, continuarán las presentaciones judiciales para frenar de antemano la vigencia de la normativa.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, manifestó: “Nos oponemos rotundamente. Están destruyendo la inversión y el empleo. ¿Por qué el Estado tiene que definir cuál es el margen de utilidad de un empresario? ¿Por qué decide cuánto hay que ganar? ¿Por qué tiene que definir cuándo yo tengo que reponer mi stock?”.
Guillermo Durand Cornejo, diputado nacional, dijo que la ley no va a regir, probablemente, por la característica de inconstitucionalidad. “Generaría un inmediato desabastecimiento, cierre de empresas y desempleo. Tengo la experiencia de 1974 cuando fue puesta en práctica y ningún argentino creo que quiera recordarla”. El legislador apuntó duro contra sus pares salteños que apoyaron la ley: “nos eligen para estar a favor del pueblo no para votar alineados al oficialismo por una orden”.
A diferencia de la ley anterior, los diputados aprobaron sacar de las sanciones el arresto de hasta 90 días.
Si bien se contempla que las pyme no quedaron incluidas en la medida, igual se considera a aquellas que tienen posición dominante dentro del mercado. Desde la entidad que nuclea a productores salteños, Prograno, el actual titular, Lisandro de los Ríos, dijo a El Tribuno: “Estamos en contra porque no va a resolver nada. El tema es la inflación y la inseguridad jurídica. Estas leyes no sirven para solucionar nada. Al contrario”.
Un observatorio
También se creará un Observatorio de Precios que se dedicará no solo al relevamiento de los precios de los productos de necesidades básicas sino que controlará la disponibilidad de esas mercaderías en todo el país.
Fuente: Jerónimo Balut, El Tribuno
