En este año la cesión otorgada por el conjunto de las provincias alcanzó los $ 107.614 millones. La mayoría de las veces, los reclamos a través de distintas vías, no tienen respuestas de parte de la Nación.
En una relación en dónde las cuentas, muy pocas veces jugaron en favor de las provincias, el escenario que se plantea para el próximo año, no es de los mejores, teniendo en cuenta que la Nación en su voracidad continua acaparando fondos que a lo largo de los años nunca quiso discutir. Los principales conceptos que dan lugar a resignaciones de fondos provinciales por la creciente concentración de recursos que acapara la nación son: financiamiento tributario de la seguridad social, coparticipación parcial del impuesto al cheque y derechos de exportaciones que desplazan la base imponible de otros impuestos. Un 79% se debe al financiamiento tributario total de ANSES, un 15% a la no coparticipación del Impuesto al Cheque con el esquema actual del IVA y un 6% es causado por el desplazamiento de base imponible del impuesto a las Ganancias provocado por la existencia de un impuesto no coparticipable como las retenciones.
De acuerdo a un trabajo realizado por el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) sobre fondos aportados por las provincias desde el año 2003 al 2013 las resignaciones de fondos provinciales llegaron a los $457 mil millones medidos a valores corrientes de cada año. Un simple análisis, sobre el caso específico de Salta, a partir de 2009, establece como fue aumentando la pérdida. En 2009 en base a estos conceptos resignó $ 1.345 millones, en 2010 $ 1.796 millones, en 2011 $ 2.423 millones, en 2012 $ 3.005 millones y hasta noviembre la suma ascendió a $ 4.025 millones. Bastaría con decir que en este año la resignación de las provincias ya ronda los $ 107.614 millones, un cifra significativa, en un contexto de mucha puja salarial.
De acuerdo a un informe de la consultora Economía&Regiones, las provincias se encuentran una vez más con sus cuentas al rojo vivo. Si, como todo indica, se propagan los reclamos salariales de la policía al resto de la administración pública el año próximo, los gobernadores no contarán con recursos propios suficientes como para afrontarlos, ni siquiera con la refinanciación de sus deudas con la Nación. Así lo advirtió la consultora en su último informe, conocido la semana pasada. Según sus estimaciones, cada punto de aumento salarial a los agentes públicos que otorguen las provincias, implicará un gasto consolidado de 2200 millones de pesos anuales el año próximo. En el plano de las hipótesis, si se dispusiera un aumento del 30% para el personal estatal, el gasto total subiría a 350.000 millones y a 26.000 millones el déficit anual. Incluyendo el pago de amortizaciones, el rojo sube hasta $ 47.500 millones, prácticamente el doble del alcanzado.
De acuerdo al trabajo de la consultora que dirige Nadin Argañaraz, como las resignaciones de recursos tienen varios años de vida, las provincias fueron acomodando sus cuentas a esta situación, al margen de los reclamos legales que se vienen realizando, como por ejemplo por la precoparticipación del 15% para la seguridad social. Claramente, las provincias no sólo tienen una baja autonomía por la estructura histórica de ingresos en la cual predominan los recursos del nivel superior de gobierno por sobre los propios, sino que incluso vienen resignando fondos automáticos del nivel superior, que son reemplazados por gastos y transferencias discrecionales. Esta situación provoca una especie de condicionamiento, además de una especie de obediencia debida, de la cual el gobierno nacional la aprovecha al máximo, con el manejo de los aportes discrecionales. Si bien es un recurso, no es de los mejores en las actuales circunstancias.
En algunas provincias equivalen al 100% o más del gasto en personal
El titular de Iaraf, Nadin Argañaraz, realizó un interesante informe en el que concluye que los recursos que las provincias deben resignar a favor de la Nación servirían para solventar una buena parte de los aumentos salariales de sus agentes estatales, especialmente al tomar en cuenta lo que representa en su conjunto los últimos reclamos salariales que convulsionaron al país.
El economista destacó sobre el tema: “En algunas provincias, los fondos renunciados equivalen al 100% o más del gasto en personal, como en el caso de Buenos Aires, mientras que en promedio para todo el consolidado provincial está alrededor del 60%, un porcentaje muy significativo teniendo en cuenta que el gasto en personal es el principal gasto de las provincias”, enfatizó Argañaraz.
Se aprecia que en las provincias de baja autonomía tributaria, el monto de las resignaciones de recursos es equivalente a varios años de recaudaciones propias. En las provincias más autónomas también aparece como un monto decisivo, pues en ninguna de ellas el valor es inferior al 50%. Cabe recordar que este indicador relativo muestra en cuánto aproximadamente debiera incrementarse la recaudación propia de cada provincia para suplir la falta de envíos automáticos a los que da lugar la estructura efectiva de funcionamiento del federalismo actual en nuestro país.
Cuando los montos que cada año las provincias no ven ingresar automáticamente por las razones mencionadas se relacionan con el gasto en personal anual, también se aprecia la importancia de los números fiscales.
Estos desbalances verticales generan más distorsiones, como lo es la suba evidenciada de la presión tributaria legal consolidada de Nación, Provincias y Municipios.
No es un tema menor que a diferencia del nivel nacional de gobierno, las provincias no tienen acceso a fuentes de ingreso diferenciales: la emisión de dinero, sumado a organismos como el BCRA y ANSES, que se convirtieron en los últimos años en fuentes de financiamiento muy relevantes.
Fuente: Humberto Echechurre, El Tribuno
