La autorización “cuotificada” para el giro de dividendos como la definieron las mineras generó cierta incomodidad en el sector. Si bien venían reclamando la apertura del grifo para remitir utilidades a sus inversores, las multinacionales mineras comenzaron a temer detrás de esa apertura manifestada en el segundo trimestre del año. En ese período, el Banco Central autorizó la salida de u$s 366 M y el sector se llevó el 30% de esos giros (u$s 108 M).
“¿Esta medida no tendrá algo que ver con la idea del impuesto al pago de dividendos (10%) que pretenden sacar como consecuencia de la menor recaudación proveniente del impuesto a las Ganancias?”, preguntó, molesto, uno de los hombres de una de las principales compañías que operan en el país. Es un proyecto que incomoda al sector, ya fue votado en Diputados y esta semana el Senado lo convertiría en ley.
La posibilidad de que aumente la carga tributaria sobre el sector genera mucha rispidez entre las extractivas de oro, plata y cobre.
Tal es su preocupación que desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se encargó un estudio para demostrar la “presión tributaria” que afecta a la actividad. Y varias empresas hicieron sus propios trabajos legales por fuera de la cámara.
En todos ellos se pondera el beneficio contenido en la Ley de Inversiones Mineras, que otorga estabilidad fiscal por 30 años. Pero el punto central, sobre el que se apoyan las empresas, es la relación con las provincias mineras, que son las principales beneficiarias de la instalación de los proyectos extractivos pero que “pierden fondos a manos de la Nación “, insisten los empresarios.
Fuente: Región Norte Grande
