El Gobierno nacional y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero cumplieron lo pactado a fines del año pasado y presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de suspensión de plazos procesales del amparo que iniciaron en el máximo tribunal contra directivos de firmas tucumanas que contaminarían el río Salí.
La Nación ahora garantiza que no se contaminará el Salí-Dulce
La Gaceta anuncia que una decena de empresarios azucareros y citrícolas también deberá alistarse para prestar declaración indagatoria ante la Justicia federal santiagueña. La citación se enmarca en la causa iniciada por el fiscal de Estado de Santiago del Estero, Raúl Abate, luego de que a fines de noviembre se observó una masiva mortandad de peces a lo largo de tres kilómetros del Embalse de Río Hondo.
El ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, recordó que la presentación que realizaron ayer ante el máximo tribunal cumple con lo acordado el 29 de diciembre del año pasado entre Tucumán, Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Según este acuerdo, la Nación será la última garante de que las firmas tucumanas no arrojen ni vinaza ni cenizas al cauce del río desde 2012. Díaz Achával aclaró que el pedido de suspensión no significa que desistan de la acción. "Nos habíamos comprometido a presentar un pedido de suspensión de plazos procesales. (Pero) esto no se detiene, porque nunca puede haber un pacto de impunidad", dijo.
