Ya es inminente el debate en el Congreso de una iniciativa que propone reformular, de manera integral, la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y apunta a que los clientes cuenten con mayores certezas al momento de adquirir productos y contratar servicios.
En este sentido, se incorpora, como una obligación para los proveedores, suministrar al consumidor, en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los productos o prestaciones que ofrece y las condiciones de comercialización, así como también indicar la vida útil en el caso de artículos.
Con respecto a los servicios, los proveedores tendrán que informar cuando se distorsione o altere una imagen, a fin de evitar confundir al consumidor y que éste tenga una visión distorsionada respecto de aquello que quiera comprar.
Por otra parte, para los clientes, otro punto clave de la reforma refiere a las modificaciones unilaterales de un contrato y a la prohibición del cobro de costos adicionales por actualización tecnológica. En materia de avales, la iniciativa promueve que los consumidores, una vez adquirido un producto, cuenten con un período mínimo -coincidente con el de vida útil del bien- durante el cual el vendedor tenga que suministrar dicho artículo. Este lapso deberá ser informado al adquirente y tendrá que constar en el certificado de garantía.
De esta forma, los compradores podrán estar más tranquilos de que, ante posibles fallas del bien en cuestión, la firma que se los vendió cuenta con stock para recambiarlo durante el plazo de cobertura de desperfectos que fuera acordado. Además, este aspecto constituye una mejora respecto de la normativa vigente dado que, en la actualidad, sólo se obliga al suministro de partes por el período de garantía.
Adicionalmente, los legisladores quieren que por ley el comprador conozca cuál será el plazo de entrega máximo de un artículo y sepa qué garantía de devolución de dinero se ofrece, en caso de que la compra fuera efectuada por correo, Internet o de forma telefónica y ésta no resultara satisfactoria.
En este sentido, la iniciativa busca dotar a la LDC de un marco regulatorio más integral y preciso, de modo de lograr reducir los reclamos vinculados con esta modalidad de compra. Para poner énfasis en la importancia del acceso a información por parte de los clientes, el proyecto refuerza este derecho proponiendo que las oficinas de atención al público de las empresas de servicios estén situadas allí donde se prestan los mismos.
Además, hace foco en la exigencia de proveer de datos mensuales a los adquirentes en los casos de operaciones de crédito y en la posibilidad de impedir que se envíe información publicitaria no deseada.
Fuente: iprofesional.com
