Exequiel Lello Ivacevich es abogado, nacido en San Salvador de Jujuy, tiene en curso un MBA, y formación en administración pública en INCAE. Tiene una fuerte vinculación con el deporte: fue jugador de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y hoy ocupa la vicepresidencia del club. Su carrera en la gestión pública comenzó en el ámbito municipal y continuó en el Gobierno provincial, donde se desempeñó como director de Legales, titular de Defensa del Consumidor y ministro de Producción. Actualmente preside JEMSE (Jujuy Energía y Minería S.E.), empresa del Estado que tiene el objetivo de promover el crecimiento económico, social y medioambiental de la provincia de Jujuy a través de alianzas público-privadas para el desarrollo de energías renovables, minería y sus actividades complementarias.
En esta entrevista con Dossierweb, Lello Ivacevich analiza el papel de la empresa estatal en la estrategia minera y energética de Jujuy, desde su participación en proyectos de litio y el desarrollo del parque solar Cauchari hasta la operación de la Zona Franca de Perico. Plantea que la exploración es clave para sostener la actividad minera en el largo plazo y advierte sobre la necesidad de generar información geológica, infraestructura y condiciones para atraer inversiones. También aborda el alcance del RIGI, el vínculo de los proyectos con las comunidades, el compre local y la formación de proveedores y profesionales. En su mirada, el desafío es que la minería genere capacidades, empleo y beneficios que permanezcan en el territorio, y subraya la importancia que los Estados inviertan en infraestructura vial, energética y de datos.
Especial Dossierweb
El parque solar Cauchari es uno de los hitos de JEMSE y una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo de Jujuy
— JEMSE fue creada en 2011 como una estrategia provincial de desarrollo. ¿Cómo evolucionó desde entonces y cuáles son hoy las principales líneas de trabajo?
— La creación de JEMSE fue fruto de un acuerdo político entre el partido oficialista y la primera minoría, a partir de comprender que la energía y la minería eran dos sectores estratégicos para el desarrollo de Jujuy y que no podían quedar librados a la especulación minera o a situaciones que distorsionaran su crecimiento. En ese sentido, nació como una estrategia provincial para tomar áreas que estuvieran libres o en las que no hubiera inversiones, y ponerlas en manos de empresas mineras con trayectoria, experiencia y conocimiento técnico. Uno de los primeros grandes hitos fue incorporarnos como accionistas al proyecto Sales de Jujuy, que en aquel momento tenía como socios a Orocobre y Toyota, y que hoy cuenta con Río Tinto y Toyota. Otro hito importante llegó en 2018, cuando decidimos participar del programa RenovAr, destinado a impulsar la generación de energías renovables en el país. JEMSE ganó tres licitaciones de 100 megavatios de energía solar y así nacieron Cauchari I, II y III, el parque solar más grande de la Argentina, que permitió incorporar a Jujuy entre los grandes productores de energías renovables. También nos constituimos como operadores de la Zona Franca de Perico, una iniciativa que busca desarrollar un clúster de proveedores para la minería. La idea es completar la infraestructura necesaria para el sector: energía, participación en proyectos mineros y una estrategia logística que estimule el empleo y el desarrollo de proveedores locales.
Para Lello Ivacevich, el ingreso de JEMSE al proyecto Sales de Jujuy fue un determinante en el desarrollo minero estatal
— La exploración minera requiere inversiones y plazos largos. ¿Cómo están trabajando desde JEMSE para desarrollar nuevas oportunidades y sostener la actividad en el tiempo?
— Tocás un punto muy importante, la exploración. La minería no vive solo de la producción, sino de la exploración. Si no hay exploración, los proyectos son finitos: empiezan y terminan. Cuando no existe un buen nivel de exploración se generan vacíos y se pierde el entramado del ecosistema minero. Eso les está pasando a algunas provincias que abandonaron la actividad durante un tiempo. Desde JEMSE venimos trabajando mucho con el SEGEMAR. El año pasado firmamos un convenio para relevar toda la información que estaba dispersa en el Ministerio de Minería y ordenar nuestro catastro minero a partir de datos que ya se habían producido. También avanzamos en acuerdos de asociación, porque necesitamos socios estratégicos que nos ayuden a conocer mejor nuestro territorio, a partir de varios acuerdos de exploración con opción de compra para poder desarrollar el potencial geológico de las provincias del norte.
— Los datos geológicos son claves hacia para el desarrollo minero. ¿Hay que profundizar este aspecto?
— Hoy como empresas estatales mineras y, especialmente, como provincias andinas tenemos un gran desafío: generar nuevos datos geológicos para descubrir nuevos proyectos. En Salta, por ejemplo, se habla de Taca Taca, un yacimiento que desde la década del sesenta estaba en exploración. Necesitamos generar nueva información geológica para garantizar que en 2040 o 2050 esta región siga teniendo minería. Más allá de los beneficios fiscales, los Estados deben involucrarse activamente en la generación de información geológica, de datos precompetitivos para reducir los riesgos. La infraestructura de datos permite tener mayor precisión y certeza antes de realizar una perforación. Si observamos la experiencia de países mineros como Chile, Australia y Perú, vemos que tienen una dinámica muy importante en la producción de nuevos datos geológicos.
“La minería no vive de la producción, vive de la exploración”, sostiene al explicar la importancia de generar nuevos proyectos y datos geológicos
— ¿Hacen falta estímulos específicos de los Estados nacional y provinciales para impulsar la exploración? ¿El RIGI podría haber contemplado la exploración?
— Sin dudas. Creo que el RIGI perdió la oportunidad de tener un capítulo específico para la exploración, que es justamente donde más se necesita un régimen de este tipo. Como existe un riesgo mayor en la exploración, hay que generar más seguridad e incentivos para estimular las inversiones. Entiendo que el RIGI fue pensado inicialmente para el sector de petróleo y gas, por sus tiempos y plazos. Después, durante la reglamentación, se fue adaptando para que pudieran ingresar proyectos mineros. Pero en su origen el RIGI quizás no contempló la lógica propia de la minería, que es muy distinta de la del petróleo y el gas.
— ¿Cómo está el sector minero jujeño en materia de infraestructura?
— La infraestructura es fundamental. En estos días estamos inaugurando la adhesión de EXAR al RIGI e iniciando la construcción de la fase dos. Hay muchos proyectos que ya tienen aprobado el régimen y que llevan más de uno o dos años sin poder comenzar porque les falta infraestructura. En el caso de EXAR, quien le provee energía es Cauchari, una infraestructura pública, resultado de una inversión estatal en generación renovable que permite el desarrollo de un proyecto privado. Por eso creo que los Estados no pueden quedarse solamente en los regímenes fiscales, los diferimientos impositivos o las amortizaciones. También tienen que invertir y participar en infraestructura vial, energética y de datos. Es ahí donde las empresas necesitan apoyarse para poder concretar sus proyectos.
El directivo destaca la necesidad de fortalecer la relación entre las empresas mineras y las comunidades para construir licencia social.
— Mencionás la infraestructura energética y vial como condiciones centrales. ¿Cómo impacta Cauchari en el desarrollo de Jujuy y qué posibilidades abre para la región?
— Cauchari tiene un impacto virtuoso por muchos motivos. La energía se vende a CAMMESA porque el parque está dentro del programa RenovAr, que fue una licitación del Gobierno nacional con contratos de abastecimiento de energía por megavatio. La planta tiene una potencia de 315 megavatios y estamos buscando ampliarla para llevarla a 500. Creo que existe un déficit importante de transmisión de energía, sobre todo en la Puna salteña y catamarqueña. Una cosa es tener generación, como tenemos nosotros con Cauchari, y otra es contar con las redes y la transmisión necesarias para llevar esa energía. Si queremos acelerar las inversiones mineras, es clave que las provincias tengan un rol activo junto con la Nación. Hace poco se lanzó también la licitación de los ramales del Belgrano Cargas y se incluyeron como opcionales los tramos C14 y C15. A veces resulta difícil entender que desde el Gobierno nacional se busque promover determinados sectores, pero no se priorice la infraestructura necesaria para desarrollarlos. También cuesta pensar cómo se concretarán proyectos de líneas de transmisión, como el que proyectaron YPF Luz y Central Puerto entre Salta y Catamarca, si no existe un papel activo del Estado para promover la demanda, la oferta o colaborar con la infraestructura.
— El mejoramiento de las rutas sigue estando entre lo pendiente.
— Vuelvo a insistir en la infraestructura vial: si no mejoramos las rutas en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja, vamos a tener dificultades no solo para construir los proyectos, sino también para sacar la producción. Conversé con representantes de BHP que me comentaban que uno de los grandes desafíos que tendrán cuando comiencen a producir cobre será definir por dónde transportarlo.
— En ese esquema aparece también el papel estratégico del Estado junto al sector privado. ¿Cómo se construye ese vínculo para que las inversiones generen beneficios que trasciendan al propio proyecto?
— Creo que las provincias tenemos que entender que, si la gente no percibe que la minería deja algo en su territorio, es difícil construir una relación sólida. Una planta solar instalada dentro de un proyecto minero, que funciona de manera aislada y abastece únicamente a esa operación, resuelve una necesidad de autoprovisión energética, pero no necesariamente genera valor social para la comunidad. En cambio, cuando se pone a disposición una planta solar con infraestructura de transmisión que también puede abastecer a un pueblo o contribuir a otras actividades, se genera un valor social muy importante. Eso también fortalece la relación con la minería. Cuando un proyecto comienza a funcionar, uno de sus principales activos es la licencia social. Cuanto mayor sea el impacto positivo que tenga en su comunidad, más fuerte será su desarrollo. Si un proyecto minero tiene una pista de aterrizaje que se utiliza solamente para trasladar trabajadores, pero no puede emplearse para llevar a una persona al hospital ante una emergencia, algo no está bien. El Estado debe procurar que las infraestructuras estratégicas de la región también puedan estar al servicio de la comunidad.
