Luego de varios anuncios, el Gobierno envió el proyecto para una nueva Ley de Radiodifusión al Congreso, donde avanzaría con el apoyo de los partidos de centroizquierda, pese al rotundo rechazo expresado por los sectores más duros del arco opositor. La iniciativa busca reemplazar el decreto-ley 22.285, sancionado en 1980 por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, con el objetivo de "democratizar" los servicios de comunicación audiovisual.
Sin embargo los principales bloques de la oposición denunciaron que se trata de un intento del Gobierno de lograr "mayor control" sobre los medios de prensa y reclamaron que se trate después del recambio legislativo de diciembre.
Así se manifestaron por separado las bancadas de la UCR, la Coalición Cívica y Unión-PRO, que ya anticiparon su "absoluto rechazo" al proyecto.
No obstante, los bloques que votaron en consonancia con el oficialismo en las últimas semanas, como Solidaridad e Igualdad (SI), Encuentro Popular, Proyecto Sur, Movimiento Popular Neuquino y de la Concertación, se mostraron a favor de la nueva norma y prometen acompañarla en el recinto.
Este apoyo sería trascendental para que el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual avance sin grandes complicaciones en las dos cámaras antes del 10 de diciembre.
"No se debe confundir libertad de expresión con libertad de extorsión", advirtió la jefa de Estado en un nuevo embate a los medios de prensa, durante el anuncio que fue transmitido a través de cadena nacional a todo el país.
La propuesta, que llega con modificaciones luego de la realización de 24 foros de debate en todo el país, fue sin embargo duramente criticada por los principales sectores de la oposición.
"Estamos expresando nuestro más profundo rechazo a que el proyecto avance antes de que estén conformadas las nuevas cámaras. Tiene que ser debatido cuando esté en funciones el Congreso en su nueva composición", opinó el diputado nacional de Unión-PRO Francisco De Narváez.
El anuncio de la Presidenta motivó, incluso, el reencuentro de De Narváez con sus socios de este polo opositor, Mauricio Macri y Felipe Solá, con quienes encabezó una conferencia de prensa para fustigar el proyecto y advertir que el tratamiento del proyecto antes de diciembre es una forma de "violentar la política" y de "ignorar la expresión popular del 28 de junio".
En forma similar, pero por separado, se manifestaron los representantes de los bloques de la UCR y la CC de Elisa Carrió, que denunciaron que el Gobierno "busca el control político de los medios de comunicación" a través de esta iniciativa.
El giro de la ley a Diputados, cinco meses después de la presentación formal del proyecto en el Teatro Argentino de La Plata, se produce en medio de las disputas abiertas con el grupo Clarín y la interrupción de los contratos entre la AFA y TyC por los derechos de televisión de los partidos de Primera de fútbol.
Según confirmaron fuentes del FpV en Diputados, por el momento, sólo está previsto que el proyecto gire a las comisiones de Comunicación e Informática y Presupuesto y Hacienda, dos cuerpos presididos por kirchneristas, Manuel Baladrón y Gustavo Marconato, respectivamente.
El paso por la comisiones es uno de los puntos más cuestionados por la oposición, ya que la norma no será debatida por Libertad de Expresión, cuerpo que comanda la radical Silvana Giudici.
El anuncio de la Presidenta fue respaldado por agrupaciones sociales, gremiales y de intelectuales alineadas con el oficialismo, las que marcharon hasta el Congreso nacional.
