Desde su llegada al poder, el 10 de diciembre de 2015, la administración de Cambiemos busca bajar los costos laborales y mejorar la competitividad de las empresas, fundamentalmente de las pymes, que suelen ser grandes generadores de empleo y pieza clave en la actividad económica.
En un nuevo capítulo de esa cruzada, el presidente Mauricio Macri apuntó contra la “mafia” de los juicios laborales y señaló al abogado laboralista -y kirchnerista- Héctor Recalde. Más allá de las cuestiones políticas, el aumento sostenido de la litigiosidad tiene varias explicaciones.
La principal es la falta de actualización de una legislación que nació para equilibrar la relación entre el empleador y el trabajador, pero muchas veces es utilizada por los abogados para fomentar el conflicto. Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo que rige en la Argentina se sancionó en 1974 y desde ese entonces sólo tuvo algunos retoques de cuestiones no medulares.
Hay algunos números que permiten tener un acercamiento a la “industria del juicio” de la que habló ayer Mauricio Macri durante la jura del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie. Si bien no hay una estadística que aglutine todos los casos, hay varios ejemplos que permiten tener una dimensión sobre la problemática que golpea en especial a los pequeños y medianos empresarios.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abren al menos 100 expedientes por mes en el fuero laboral. La mayoría de esos casos se explica en la alta informalidad que hay en el mercado del trabajo. La falta de registración total o parcial suele ser una fuente de conflicto que explota en el final de la relación entre un empleador y un trabajador.
El Servicio de Conciliación Laboral (Seclo) nació para darle una contención a los tribunales. Es una instancia previa obligatoria en la que se busca que las partes alcancen un acuerdo sin ingresar formalmente a juicio. Pero no es suficiente.
La jurisprudencia laboral suele ser muy beneficiosa para los trabajadores. Rara vez rechazan una demanda. Y esas demandas perdidas se transforman en sentencias muy difíciles de afrontar para los pequeños empresarios. Indemnización agravada, multas y sanciones terminan generando una deuda que muchas veces lleva a los comerciantes a replantearse su futuro. Una indemnización normal de $100.000 puede llegar a los $500.000.
Hay un fenómeno especial que se registra con los casos por accidentes laborales. En 2012, cuando la ex presidente Cristina Kirchner también se quejaba de la industria del juicio, el Congreso sancionó una nueva ley que eliminó la famosa doble vía, un artilugio legal que le permitía a los abogados reclamar dos veces por el mismo incidente.
Los índices oficiales demostraron que la norma no sirvió para lo que se buscaba. El último informe de Judicialización en el Sistema de Riesgos del Trabajo 2010-2015 publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo demostró que si bien cayeron los siniestros laborales, se duplicaron los juicios. 
Con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y bajar los costos laborales, Cambiemos impulsó un nuevo régimen que fue sancionado a principio de año en sesiones extraordinarias. El nuevo marco regulatorio incluye reglas objetivas para dimensionar el daño en la integridad física del trabajador y en base a ello cuantificar las indemnizaciones.
