Que transportar un container desde Tucumán al puerto de Buenos Aires resulte tanto o más caro que llevarlo hasta Rotterdam es un dato reiterado a esta altura de las protestas contra la carestía argentina. Menos conocido, pero igualmente irritante, es que alimentos de la dieta tradicional cuesten más en moneda dura en las góndolas locales que en las de otros países no productores de comida.
La Argentina es cara en dólares y, en esta coyuntura macroeconómica, todo indica que va a seguir siéndolo, al menos por un tiempo. El diagnóstico es conocido. Su resultado, obvio: los productos locales pierden mercado. Y la solución al problema, una incógnita. “Tenemos productos de altísima calidad. Los alimentos argentinos tienen que tener precios competitivos para ubicarse en las góndolas del mundo. Sólo así podemos generar empleo y combatir la pobreza”.
-¿Cree que eso se lograría mejorando el tipo de cambio?
-Jamás pediremos una devaluación porque eso se vuelve en contra de los sectores asalariados. Hay que combatir la inflación, madre de todas las batallas, mejorar la infraestructura y bajar impuestos. La declaración corresponde a Luis Miguel Etchevere, titular de la Sociedad Rural Argentina, y es una buena síntesis de la preocupación que atraviesa a todos los sectores. En este caso, con una particularidad: como exportador importante (y más allá de tener algunos insumos dolarizados), el campo siempre se beneficia con un dólar caro. El principal desvelo empresario de este momento, público y confeso, apunta ahí: cómo abaratar la producción local, mejorando lo que algunos llaman “productividad” y otros “competitividad”. Dos conceptos técnicamente diferentes, pero ligados en su similar efecto de descolocar a los bienes argentinos frente a la producción externa.
Nuevas propiedades
Los reclamos patronales ya no están centrados en la institucionalidad, en la obligación de solucionar los conflictos con los acreedores del exterior o en que se libere el flujo de dividendos.
Ahora la prioridad para definir temario de eventos o debates empresarios es cómo resolver aquella cuestión, con un enfoque novedoso: ya nadie reclama expresamente una modificación del tipo de cambio, aunque las organizaciones empresarias per se o través de economistas que actúan como voceros oficiosos, destacan que el dólar está atrasado.
Clamar devaluación, algo que las cámaras empresariales hacían a viva voz en otros momentos, se transformó en un tema tabú. Quizás porque la historia reciente expuso nítidamente una de sus consecuencias inevitables: dólar más caro fogonea los precios y esa carrera deprime el consumo. Para quienes dependen del mercado interno, esto termina siendo letal. La visión del líder de la SRA -la más conservadora de las entidades del agro- es compatible con el discurso de otros hombres de empresa.
La Unión Industrial Argentina hace tiempo bajó esta bandera retórica, más allá del anhelo de muchos industriales de tener una ventaja rápida por la vía de un mejor tipo de cambio. Sea porque exportan, pero básicamente como freno a las importaciones que compiten con ellos.
“Hay sectores que piden la devaluación. ¿Pero cuándo en la historia argentina eso realmente sirvió para dar una solución?”, se pregunta ante este diario Mario Grinman, directivo de la Cámara Argentina de Comercio.
La entidad, tan heterogénea como suelen ser los grandes nucleamientos patronales del país, decidió encarar un estudio que puede ser clave para develar quién se queda con la parte del león en el sector comercial, incluyendo las grandes cadenas de hipermercados. O, en otras palabras, quien aporta del modo indebido a inflar costo argentino.
La CAC está alistando un estudio de costos en la cadena comercial que debería permitir desentrañar cómo se compone la renta de cada eslabón. Un trabajo que por ahora mantiene en reserva, pero que estará terminado próximamente.
Algo del estilo ya hizo la CAME, con estudios de precios periódicos que develaron cómo a los productores llegan migajas en relación a los precios que pagan los consumidores finales de sus productos. Esas misteriosas distorsiones en las cadenas de producción, son un subcapítulo del problema que hoy copa los discursos y temarios.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también decidió ponerle proa al tema competitividad-productividad para discutirlo en cónclaves públicos, con presencia de funcionarios nacionales. Bien se sabe, un nítido intento de influir en la agenda política.
“Es importante tener incentivos para quienes están a más de 500 kilómetros del puerto”, reclamó Luis Pagani ante esta periodista. Fue poco después de protestar públicamente por los altos costos logísticos y de transporte, en un evento que días atrás realizó la Asociación Empresaria de la Argentina para debatir la cuestión. Justamente, un punto medular para desentrañar la falta de competitividad.
Presión fiscal
Además de los problemas de infraestructura escasa y onerosa, los productores se quejan a coro por la alta presión fiscal, devenida en la gran verduga de la renta local. Una queja histórica de los productores argentinos, pero reafirmada con datos estadísticos que obligan a prestarle más atención en el presente.
Según el especialista en políticas industriales, Bernardo Kosacoff, en la última década el peso relativo de los impuestos se multiplicó por tres, con el agravante de que no mejoró la calidad de los bienes públicos que el Estado ofrece como contrapartida. (Ver entrevista pág. 5)
Esto da pie para otra protesta empresaria escuchada, como es la imposibilidad de ajustar los balances por inflación. La técnica contable vigente obligaría a pagar Ganancias sobre utilidades ficticias, aumentando el peso tributario.
Manos atadas
Estos argumentos son afines a la visión económica del macrismo, cuyos técnicos en el poder comulgan con la antipatía a esas técnicas y otros tributos denostados como “distorsivos”, entre ellos, el impuesto al cheque. Pero el Gobierno tiene las manos atadas para consentir los reclamos empresarios. Un problema severo es el déficit de las cuentas públicas. Para cerrarlo sin un ajuste drástico e impopular, que complique su perspectiva electoral, al poder central bien le vienen tanto los dólares del blanqueo como los que ingresen por la vía del financiamiento externo. Pero ese flujo, deseado y necesario, mantendrá bajo el valor del dólar, más allá de la voluntad oficial de contenerlo o no. Con el tipo de cambio planchado pero costos crecientes en pesos, la Argentina seguirá resultando cada vez más cara y sus productos degradados en el ranking mundial.
No hay mucho margen político para achicar el gasto público, en gran medida destinado a salarios y jubilaciones. Y la reforma tributaria en gestación quedó postergada para después de las elecciones de octubre, con lo que no habrá ningún cambio del esquema fiscal hasta el año próximo.
Esa incertidumbre pone nervioso a más de uno que tiene que decidir una inversión. Todos presumen que el oficialismo tratará de aliviar el peso de impuestos sobre el capital. Pero nadie sabe qué suerte correrá la iniciativa, que en gran medida dependerá de un Parlamento remozado según la suerte de las urnas.
La cuestión se transformó en una bandera de la Unión Industrial Argentina (UIA), que fue discutida en el primer encuentro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Allí los empresarios reiteraron el decálogo de cambios que ya habían reclamado antes y que tienen como eje bajar la presión fiscal en todo el país.
“Hay un problema con todos los tributos nacionales, provinciales y municipales. Eso es lo que hace que no seamos competititivos y que en Brasil cuesten menos los alimentos, caños y textiles”, se queja ante este diario el presidente de la entidad, Adrián Kaufmann.
Una calificada fuente de la UIA -en la que en breve será ungido como titular el aceitero Miguel Acevedo- reconoce que la modificación tributaria es sustancial para mejorar la competitividad, pero descuenta que es una herramienta del largo plazo. En el corto, sí habría cosas que el Estado podría hacer para mejorar la situación relativa de la industria: mejorar el sistema de reintegros a quienes exportan y subsidiar el costo de la energía a las fábricas que son electrointensivas.
Como broche, la suba de tasas con la que el Banco Central intenta conjurar la inflación, el mal de males. Así se configura lo que el industrial y dirigente del Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren, llamó efectistamente “el triángulo de la muerte”, cuyos vértices son dólar bajo, inflación e intereses, en alza.
El CEO de una petrolera dio ante este diario otra pista de porqué los costos locales son altos en términos relativos. “La protección del Estado a algunos sectores como indumentaria y automotriz hace que Argentina tenga ropa y autos muy caros en relación al resto del mundo”.
La recriminación no le cabe sólo a la gestión de Cambiemos, que no abrió la economía tanto como conjeturaban sus afines y opositores. Pero le alcanza.
En otras palabras, las estrategias estatales para preservar el empleo y la renta (o viceversa) en sectores locales no competitivos hace que consumidores de bienes finales o productos intermedios estén obligados a afrontar un sobre costo. La ayuda a unos es el problema de otros, como implican todas las decisiones oficiales.
Paradójicamente, la fuente off the record pertenece a un sector que desde la última etapa de la gestión kirchnerista está apañado por diversas subvenciones estatales. El barril criollo (con valores por encima del internacional) y un precio artificialmente alto para el gas también hacen que la Argentina resulte cara en un insumo clave. Pero, al menos por ahora, hay cierto consenso en la comunidad empresaria para que los hidrocarburos gocen de ese privilegio. Aunque sea hasta que Vaca Muerta se desarrolle y tome el brillo del tesoro que promete ser.
Desde la ecléctica AEA, Jaime Campos sintetiza lo que otros también proclaman con gran comprensión. “La Argentina tiene una oportunidad impresionante con el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. Dado que se requieren inversiones muy grandes, durante un período debe haber estímulo a la inversión con precios que ayuden a la industria doméstica. Después, el precio bajará”, sentencia el titular de la Asociación.
Si todo ocurriese como promete Paolo Rocca, en pocos años el gas caro que hoy producirá Tecpetrol (Techint) se convertirá en carburante barato para Siderca y Siderar (Techint) y quizás así los productos siderúrgicos del holding puedan bajar localmente al precio que se venden en otros mercados del mundo.
Mientras se resuelven dilemas técnicos y políticos, el Gobierno y las empresas consiguieron dar un primer paso en la búsqueda de más competitividad. El comienzo de la faena común apuntó a bajar los costos laborales mediante los acuerdos por productividad, que empezaron por los petroleros neuquinos y chubutenses, pero que prometen extenderse al resto del universo de los trabajadores.
Fuente: Cronista
