El gobernador Salteño, Gustavo Sáenz, se reunió con legisladores nacionales para manifestarle su preocupación no sólo por biocombustibles, sino también por los derechos de exportación a economías regionales como el sésamo chía, cártamo y tabaco que, de aplicarse, impedirían las únicas alternativas productivas en ciertas regiones del interior provincial.
Rechazo de las pymes
Las empresas productoras de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, señalaron el rechazo a la sección IV del proyecto de ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los Argentinos”, por el impacto negativo que las modificaciones tendrán en el sector. A través de un comunicado, indicaron que “manda a la quiebra a las pymes de biodiesel y solo beneficia a las grandes compañías aceiteras de Santa Fe”.
A su vez, las compañías integradas son fabricantes de la materia prima (aceite de soja) y proveedores de las pymes, por lo que “tendrían en su poder la llave” que permite abrir y cerrar la producción de sus propios competidores.
Además, las pymes aseguran que tampoco es factible entrar en un proceso de competencia entre ellas, ya que muchas de estas se localizaron en regiones productivas del interior -tal como exigía la ley 26.093 de Biocombustibles- y esto acarrea costos diferenciales de operación y logística. La consecuencia de ello sería el “cierre automático de las plantas más alejadas” del puerto de Rosario, ubicadas en pueblos pequeños.
Para estas compañías, “lo mejor es posponer el debate sobre la ley de biocombustibles para las sesiones ordinarias”, para que el tema se discuta por separado, y no en el marco de una ley ómnibus de más de 300 artículos.
Críticas de productores
Por su parte, las cámaras de productores de bioetanol calificaron de “enorme retroceso” las “insólitas y contradictorias” modificaciones al proyecto de ley de biocombustibles incluidas en el dictamen de mayoría de la “Ley Ómnibus”. La diferencia con las pymes es que pidieron a los diputados que acompañen el proyecto elaborado por Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Entre Ríos y Santa Fe.
En un comunicado conjunto titulado “Biocombustibles: insólito retroceso”, el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen, señalaron que “días después de que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunciara un plan de crecimiento de las mezclas de bioetanol con las naftas, el dictamen de mayoría lo contradice en casi todo”.
Los directivos de las tres entidades observaron que el dictamen supone una “afrenta a la seguridad jurídica de las inversiones”, porque “propone dejar el nivel de mezcla en el 12% actual, rompe el equilibrio de abastecimiento entre el bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz y, además, fija precios máximos”.
Las cámaras opinan que “es posible que este enorme retroceso responda a quienes tienen intereses contrarios al crecimiento de los biocombustibles en Argentina. “No entendemos esta oposición ya que, por primera vez, el propio sector del bioetanol impulsa una participación abierta y competitiva de todos los que producen, inclusive las petroleras”, se enfatiza en el documento que lleva las firmas de Jorge L. Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino; José A. Porta, apoderado de Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen, y Patricio Miguel Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
El sector privado, dicen las cámaras, “respalda el proyecto elaborado en conjunto por las provincias, en el cual se propone un esquema de convergencia con el Mercosur, con un programa de crecimiento de la mezcla con las naftas de entre 18% y 27% con licitaciones por precio y un mercado libre por encima de ese rango”.
En tal sentido, la disidencia en el dictamen de mayoría que presentaron diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y el de minoría de diputados del socialismo, sobre biocombustibles, reflejan fielmente la propuesta de los gobernadores, por lo que solicitan a todos los diputados a votarlos y “defender así ese proyecto de crecimiento sustentable, que tendrá un gran impacto en el medioambiente, en el desarrollo federal y en el empleo con arraigo”.
