El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2010 una herramienta clave para oxigenar las finanzas de las provincias Aunque comenzará a implementarse recién el próximo año, la decisión llega en un momento terminal para las deficitarias cuentas del interior, asfixiadas por la caída de recursos coparticipables y el exponencial aumento del gasto público.
Bálsamo
Hasta ahora, el Palacio de Hacienda sólo llevaba adelante las firmas bilaterales anuales de los Programas de Asistencia Financiera (PAF) para aliviar los vencimientos de deuda anuales.
Sin embargo, con esta modificación incluida en los artículos 73° y 74°, el Gobierno otorga a las provincias un bálsamo de amplio espectro: se podrá acordar quita, espera, remisión y renovación de las deudas, tanto de capital como de intereses, así como atender a su vencimiento las obligaciones de cada caso.
«Es un avance; le está dando el marco legal y político al Ministerio de Economía para que reestructure las deudas de las provincias», evaluó anoche ante este diario el ministro de Hacienda de Río Negro, Pablo Verani.
Para el Gobierno, la decisión se traduce, además, en una anestesia al molesto reclamo de los gobernadores por una mayor distribución de los recursos nacionales y la recuperación del 15% de la coparticipación cedida en 1992 al sistema previsional. En este punto coinciden todos los mandatarios, sin diferencia de bandera política. El propio Daniel Scioli y el socialista Hermes Binner vienen reclamando una discusión de una nueva Ley de Coparticipación, tal como lo estableció la última reforma de la Constitución Nacional. Incluso otros mandatarios como Juan Schiaretti (Córdoba) o Alberto Rodríguez Saá (San Luis) llevaron sus planteos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El otro argumento que sostiene la modificación es la intención concreta de alejar -al menos en el corto plazo y en pleno festejo por el Bicentenario- la amenaza de revuelta social en el interior, producto de eventuales problemas en el pago de salarios estatales, una situación que ya se percibe de todos modos en varios distritos.
Con esta facultad, parece quedar fuera de discusión la cancelación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que pregonó un puñado de gobernadores con apoyo de legisladores oficialistas y de la oposición. Fundamentalmente, la norma impone a la Nación y a las provincias restricciones para endeudarse.
La semana pasada, incluso, fuentes del Gobierno aseguraban que la Casa Rosada estaba a un paso de enviar al Parlamento nacional un proyecto de ley propio en ese sentido. Sin embargo, hasta hoy el único proyecto que tomó estado parlamentario es el que redactó la diputada mendocina Patricia Fadel, con la adhesión de una decena de legisladores de distintas fuerzas.
FUENTE: Ámbito Financiero
