La inflación a un dígito no le saca sonrisas ni a empresarios ni a la clase media ni a la baja. Las caídas de los índices de la construcción y la industria, el desplome del consumo, y el aumento de despidos en el sector privado encienden las alarmas. Algo está fallando en el plan económico. Caputo planea en junio suspender de nuevo aumentos de servicios para frenar el IPC. Los riesgos de usar freno de mano y por qué simbolismos como un Pacto no alcanzan para dar certezas de la recuperación de la economía.
Especial para Dossierweb
Un día después de conocerse que la inflación de abril llegó a un dígito, el “círculo rojo” recibió con aplausos moderados las palabras del presidente Javier Milei, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).
Aunque el oficialismo esparció la noticia que cientos de empresarios habían dado un apoyo enfático a Milei, es cada vez más visible un malestar creciente entre el empresariado argentino.
De Milei esperaban definiciones de política económica, como un RIGI nacional, que estimule las inversiones con reglas favorables para las empresas nacionales. Muchos tenían frescas las palabras del jefe de Estado en el Foro Llao Llao hace unas semanas, cuando los retó a los empresarios a que “en algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”.
Sin embargo, escucharon sus ataques contra sus colegas economistas, a los que acusó de “chantas” por sostener que la divisa norteamericana está atrasada. Milei le apuntó a Miguel Angel Broda, uno de los economistas más escuchas de la City quien había advertido a mitad de semana que el atraso cambiario y la continuidad del cepo atentaban contra la recuperación económica.
De hecho, uno de los estudios más respetados, como es la consultora de Orlando Ferreres, también había marcado que la divisa norteamericana debería ubicarse por encima de los 1.200 pesos para mantener la competitividad.
La falta de anuncios dejó a sabor a poco entre un empresariado que, como muchos sectores, sabe en carne propia que la economía está tocando fondo. Y no huele a recesión sino a depresión.
La Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE), miembro de la propia UIA, provincia que tiene el segundo PIB industrial más grande del país, pidieron crear “un nuevo RIGI” con enfoque en “las capacidades productivas locales y el empleo”, que limite el tiempo de beneficios para quienes realizan las inversiones, proteger los insumos de producción nacional, regular exportaciones e importaciones, y hasta una “Ley PYME” que atienda sus necesidades.
Muchos empresarios miran con recelo el RIGI que está en la Ley Bases. Plantean que no es posible pensar regímenes de incentivos sin considerar la participación de la industria nacional en el proceso económico, con promoción del valor agregado de la producción y favoreciendo miles de puestos de trabajo, directos e indirectos.
Los empresarios esperan
El informe más reciente del INDEC marcó que el índice de actividad de la industria cayó 21,2%, y el de la construcción, 42,2%. Es el derrumbe más fuerte de la Industria desde abril de 2020, en la pandemia, y ya acumula 10 meses consecutivos de baja.
Para la Construcción, en cambio, es su desplome más pronunciado desde mayo de 2020 y acumula 5 meses consecutivos de baja. Este sector registró además -11,6% puestos de trabajo, es decir, 398.289 puestos menos en el sector.
La consultora Facimex Valores dio cuenta que en abril cayó 33% el índice Construya (venta de insumos para la construcción por parte de empresas líderes), 21% en producción de autos y 6% en patentamientos de vehículos, entre otros. Los despachos de cemento cayeron 30% y la producción de acero registró una caída de 41%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.
Las ventas en comercios registraron una disminución promedio del 16%. Las ventas de electrodomésticos cayeron 40% en el primer trimestre, el nivel más bajo de los últimos 12 años.
Estos indicadores también mostraron retrocesos respecto al mes anterior. En lo que va del año, el empleo privado se contrajo. Solo en el último mes, empresas de primera línea confirmaron que despidieron personal.
La lista es larga. Bimbo, PepsiCo, Topper, Danone, Changomás, El Nobel, América TV, Neba, Puma y Bridgestone son algunas de las empresas que despidieron personal. Mientras compañías extranjeras venden sus filiales locales, como HSBC, Clorox, Prudential o Xerox.
Acindar paralizó cuatro plantas, suspendió 1700 empleados y cayó la producción siderúrgica y metalúrgica. En el sector neumático, FATE despidió a casi 100 trabajadores en su planta de San Fernando y arrancó un paro en reclamo. La empresa argumentó un “ajuste de su estructura” a raíz de la “pérdida de competitividad exportadora” y la “caída de demanda del mercado interno.
Whirlpool cambió su anuncio de 2023 de exportar a Brasil, a informar la semana pasada 60 despidos en Pilar. La demanda interna en picada, traducida en falta de ventas, explica la decisión. De casi 800 lavarropas producidas por día, con 300 trabajadores, la multinacional bajó a 250 a 300. La fase previsible fue un plan de suspensión y despidos.
Desde el sector supermercadista, Changomás informó 150 despidos y avanza en un plan de readecuación en función de la demanda. Y la multinacional Pepsico confirmó la semana pasada el despido de 36 de sus 400 trabajadores de su planta de Mar del Plata.
Entre los datos que más alarmas encienden, está la caída del consumo, que supera el 10%. Esto es, menos compra de alimentos y bebidas en los supermercados. Lo confirma Molinos Río de la Plata, una de las alimenticias más grandes del país, que en el primer trimestre del año registró una merma de 6% en sus productos comercializados.
Consumo en picada
Según datos de Focus Market, el consumo masivo descendió 20,4% interanual en abril como consecuencia de la constante pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, lo que impactó en la baja de las compras minoristas.
El regreso del programa Cuota Simple, anunciado el viernes pasado en el Boletín Oficial, apunta a revertir la caída del consumo a partir de ofrecer financiamiento en cuotas fijas para determinados productos.
Abril registró las subas más importantes en las tarifas de servicios públicos, internet y telefonía celular. Y los alimentos a un ritmo menor por la caída de la demanda.
Aunque se desaceleró el alza de precios de bienes de consumo, no quedó excedente de moneda en los bolsillos de los argentinos para gastar. En abril, los salarios de la actividad privada volvieron a caer afectando la pérdida de poder adquisitivo, según datos de CP Consultora. Los aumentos promediaron un 6,5% contra un 8,8% de inflación.
La preocupación tiene su fundamento: cuando la baja del consumo se produce en un rubro tan sensible como la alimentación, queda a la vista la magnitud del deterioro económico. Todos los sectores vienen perdiendo, mientras que el agro, la minería y los hidrocarburos son los únicos exceptuados.
La caída de la inflación no es para festejar, porque lejos está de impactar o contribuir a compensar la enorme pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. Estimaciones privadas indican que el consumo se derrumbará un 10% este año mientras que el salario real en el sector privado formal, caería en promedio 7%.
Mientras tanto, la Universidad Di Tella confirmó que la pobreza e indigencia siguen creciendo: casi la mitad de los argentinos ya cayó en la pobreza en lo que va del año.
Tapar con la manta corta
En este contexto, la clase media rezonga porque –al igual que los empresarios–, espera medidas que los favorezcan. Hasta ahora solo recibió aumentos de servicios, alimentos, transportes, y caída de los salarios, por debajo de la inflación, no llega a fin de mes, y otro tanto directamente sufrió despidos.
A casi cinco meses de iniciada su gestión, el gobierno de Milei cosecha una aprobación de 44% y una desaprobación de 56%, según un informe reciente de D´Alessio IROL y Berensztein. El humor social va cambiando por el rumbo de la economía. “Es una caída de 3 puntos en la aprobación en relación con el mes pasado y un crecimiento de 4 puntos en la desaprobación”, detallan los consultores.
El incidente con las prepagas fue un tiro por la culata para el Gobierno y no quieren pasar por lo mismo. Por eso, contrariando sus principios de la libertad de mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, usaría el intervencionismo para aliviar a los sectores medios.
Serían el congelamiento, o una suba leve, de las tarifas de electricidad y de gas durante todo el invierno. Esto sin dudas impactará en el IPC. La meta es bajar la inflación al 5% en mayo, y en junio estabilizarla debajo de ese nivel con proyección a todo el segundo semestre, para el que imaginan la recuperación de la economía.
Claro, el costo de la medida, como parte del superávit fiscal hasta hoy incomprobable, recaería en el sector energético, hoy molesto con el Gobierno por la decisión de pagar con bonos una deuda con el segmento mayorista.
La historia de la manta corta. Tapar en parte a la clase media, y seguir destapando -o tensando- las relaciones con las distribuidoras de energía. En mayo, Economía ya les bajó los aumentos que estaban previstos, y en junio Luis Caputo estudia repetir el modus operando.
El programa económico está fallando y ni Ley Bases ni el paquete fiscal parecen ser el salvoconducto necesario para bajar los niveles de incertidumbre del empresariado y la clase media.
Los simbolismos como el Pacto de Mayo, que será en junio o julio, no alcanzan para llegar a fin de mes ni para evitar los achiques de las empresas. Lo que ambos sectores necesitan es una gestión con control de la política y un rumbo económico sostenible que aporte claridad, como la salida del cepo, para tener más certezas de la recuperación de la economía en el segundo semestre. Pero por ahora, todo esto no se divisa en el horizonte.
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