El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, analizó la polémica decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos internacionales como parte de pago por una millonaria sentencia. Saravia Frías aseguró que el fallo viola leyes nacionales e internacionales y planteó qué acciones puede tomar el gobierno de Javier Milei para defender los intereses argentinos.
El exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, manifestó este lunes en LN+ su profunda preocupación por la decisión de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos internacionales como parte del cumplimiento de una sentencia por aproximadamente 16 mil millones de dólares. Para Saravia Frías, este fallo representa una violación de leyes tanto argentinas como estadounidenses, y abre un complejo escenario jurídico y político para el gobierno de Javier Milei.
Durante su participación en el programa Odisea Argentina, conducido por Carlos Pagni, Saravia Frías criticó duramente la resolución judicial. “Es un fallo grave por la decisión de fondo que toma la jueza y por cómo lo hace, que la Argentina entregue el 51% de las acciones que ostenta en YPF como pago parcial de la sentencia que ella ya ha dictado en contra del país por US$16.000 millones”, explicó. Además, agregó que la jueza Preska “llegó a un punto de hartazgo” porque “no quiere que su sentencia de US$16.000 millones quede incumplida”, por lo que decidió recurrir a las acciones argentinas en YPF.
Saravia Frías argumentó que la jueza Preska consideró que las acciones del Estado argentino en YPF, depositadas en una sociedad financiera local, podrían usarse como pago, pero esto viola varias leyes. “La Ley de Inmunidad Soberana en Estados Unidos impediría utilizar este tipo de activos como mecanismo de pago”, afirmó. También mencionó el principio internacional de “International Comity”, que establece que el Estado estadounidense no puede inmiscuirse en asuntos internos de otro país, como la ley de expropiación de YPF, que requiere el consentimiento del Congreso con una mayoría agravada.
El fallo de la jueza reconoce la existencia de la ley argentina, pero solicita su modificación para que las acciones puedan entregarse en pago. “El fallo dice, ‘yo conozco esta ley, modifíquela y, si no, haga un acuerdo con los acreedores’. Es paradójico porque la ley de expropiación fue la causa de la sentencia, y ahora la jueza pide que se viole esa misma ley para cumplirla”, explicó Saravia Frías. Esto, en su opinión, constituye una clara violación de la soberanía argentina y de principios jurídicos internacionales.
¿Qué puede hacer Argentina ante esta situación?
El exfuncionario sugirió que el gobierno debe actuar con firmeza y aplicar todos los recursos disponibles. “El fallo está apelado y debe decidirse. Hay posibilidades de reducir el monto de la sentencia, ya que la jueza consideró el tipo de cambio aplicable en 2012 y en 2023”, señaló. Además, afirmó que se debe impulsar una protección legal mediante medidas cautelares y, en última instancia, acudir a la Corte Suprema de Argentina para solicitar que se remita el caso a la máxima instancia judicial estadounidense mediante un recurso de “per saltum”, que permite llegar directamente a la Corte Suprema.
Por otro lado, Saravia Frías consideró que “hay que hacer actuar a la Justicia argentina” y no limitarse a la vía judicial, sino también buscar que el gobierno presente una declaración conjunta que respalde la necesidad de no violar las leyes argentinas. “No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que negocie. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado soberano”, enfatizó.
El contexto político y el impacto del fallo
A pesar de que Javier Milei mantiene una relación cercana con Donald Trump, Saravia Frías resaltó que la jueza Preska, designada por un expresidente republicano, falló en contra de los intereses argentinos. “Pesa la política, pero es fundamental hacer planteos jurídicos sólidos. Cuando uno hace planteos meramente políticos, se comete un error”, afirmó.
El exprocurador subrayó la importancia de que Argentina logre que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde podría revertirse el fallo. “El gobierno puede presentar un recurso de ‘per saltum’. Hay una oportunidad grande de que esto se resuelva en instancias superiores, siempre que se actúe con rapidez y precisión jurídica”, concluyó.
El juicio y sus implicaciones
El juzgado de Preska ordenó ayer a Argentina entregar en 14 días el 51% de las acciones de YPF, como parte del pago de la sentencia, y además solicitó que se entreguen acciones a fondos como Bainbridge por una deuda de aproximadamente US$100 millones, relacionada con la expropiación en 2012. La decisión sorprendió al gobierno, que ya anunció que apelará en todas las instancias posibles.
La jueza también determinó que Argentina violó la ley de expropiación al realizar la estatización, perjudicando a accionistas minoritarios, y condenó al país a pagar US$16.100 millones, aunque eximió de responsabilidad a YPF.
Fuente: La Nación+
