El organismo remitirá los resultados al fiscal Toranzos, quien está a cargo de la investigación por supuesto lavado de una sociedad empresaria. Se revisa documentación de otras ocho inmuebles.
Luego de la conmoción que causaron, sobre todo a funcionarios municipales, los operativos ordenados por la Justicia Federal en el Centro Cívico Municipal (CCM) y ocho allanamientos de San Lorenzo, Vaqueros y San Luis, que se concretaron el lunes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza la documentación y los elementos secuestrados para fundar las acusaciones por lavado de dinero que pesan sobre una sociedad comercial contratista del Estado.
Fuentes judiciales aclararon a este medio que el organismo tributario luego girará las actuaciones a la Fiscalía Federal 1 de Salta, a cargo de Ricardo Toranzo, quien deberá determinar los pasos a seguir en la investigación por defraudación.
Se espera que los primeros informes de la AFIP demoren al menos un mes.
El Tribuno reveló ayer la trama de las empresas que prestan servicios de obras eléctricas que están bajo la lupa: Secsa y Arcadio, que tienen en común una misma persona que las integra como socio: Gerardo Rubén Romero, quien también forma parte de otras tres firmas.
Por el estricto hermetismo que impera en el caso, no se conoce si la investigación llega a los otros socios de esas compañías y si es que hay agentes municipales involucrados.
Un reconocido empresario del rubro eléctrico también aparece salpicado en los operativos ordenados por la Justicia. Se trata de Matías Huergo, exdirector de la contratista municipal Lusal y socio de Rubén Romero en Arcadio y en Urkupiña Obras y Servicios SRL, de reciente creación.
Entre Huergo y Romero hubo maniobras de cartelización en al menos un concurso de precios para obras eléctricas en la ciudad de Salta financiado por la Provincia (en 2015), como se comprobó en la edición de ayer de este diario.
Secuestro
Ayer desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que fue la encargada de concretar los allanamientos, brindaron detalles del material secuestrado durante los operativos del lunes.
Se releva que la investigación contra la sociedad empresaria salteña se inició hace un año y ya se identificaron “a los responsables” de emisión de facturas apócrifas para el lavado de dinero.
“Se secuestró gran cantidad de documentación en formato papel y digital, notebooks, CPU, DVD, sellos y chequeras, de sumo interés para la investigación. Además, se incautaron 19.000 dólares (unos $740.000) y 20.000 pesos, todo lo cual quedó a disposición del Juzgado Federal de Salta N° 1, a cargo de Julio Leonardo Bavio”, consigna la comunicación de la PSA.
Ante las dudas obvias que genera el procedimiento judicial por evasión al fisco que se concretó en oficinas del CCM, la concejal del Partido Obrero Cristina Foffani solicitó al Ejecutivo municipal que se ordene al jefe de Gabinete, Luis María García Salado, y al secretario de Hacienda, Pablo Gauffin, presentarse en el Concejo Deliberante para informar la relación de las sociedades investigadas con la Municipalidad y las medidas adoptadas al respecto.
Realizarán una auditoria interna
La orden del intendente Sáenz es deslindar responsabilidades.
La reacción del intendente Gustavo Sáenz fue rápida. Luego del operativo efectuado por los agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el Centro Cívico Municipal, el jefe comunal dispuso que haya “una total, absoluta y completa colaboración” de su subordinados con la investigación impulsada por la AFIP.
Ordenó, además, la realización de una auditoría interna para conocer si es que existen agentes municipales implicados en las supuestas maniobras de lavado de dinero.
Quien quedó a cargo de las dos medidas es el procurador municipal, Agustín Pérez Alsina, quien explicó a El Tribuno las diligencias que puso en marcha.
Primero presentó un escrito ante el Juzgado Federal para insistir y dejar en claro, según dijo, que desde la comuna facilitarán todo lo que la Justicia requiera.
Junto a esa nota , explicó el funcionario, se presentó documentación sobre la empresa Secsa que los efectivos aeroportuarios no habían encontrado durante el procedimiento del lunes pasado.
“La segunda medida (la auditoria) es por un tema preventivo, a los efectos de deslindar responsabilidad”, dijo Pérez Alsina.
Fuente: El Tribuno Salta
