El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPSI), realizó un análisis de la falta de inversión y crecimiento del empleo formal. Los resultados fueron compartidos por Rubén Ciani y Ricardo Climent, coordinador e investigador del organismo a Dossier Web.
En los últimos años se ha instalado en la agenda política y mediática el debate sobre la necesidad de llevar adelante reformas estructurales en el sistema laboral o el estatuto del empleo. A propósito de esto, lo que se suele afirmar es que el empleo formal no crece desde hace más de una década, debido a que en Argentina el sistema laboral, con sus leyes y regulaciones, desalientan a invertir: cada vez habría menos empleadores con ánimos de contratar empleados, debido a los costos y riesgos que eso implica en un contexto de incertidumbre.
A grandes rasgos, lo que se ve es un amesetamiento en el total de trabajadores registrados, sin distinción de la modalidad ocupacional (es decir, allí se incluyen todas las categorías de registrados tanto del sector privado y público, como las modalidades monotributistas). Detalle no menor, ya que el problema del estancamiento se observa aún más para la categoría correspondiente a los trabajadores tradicionales del sector privado.
Se observa que hay barreras al crecimiento del empleo privado registrado y eso se revela claramente en los datos. Sin embargo, nos preguntamos si acaso esto es un problema de rigidez. Pues, si es así, entonces la solución natural al dilema del estancamiento en el empleo formal debería ser algún tipo de flexibilización en las leyes laborales o, lo que es lo mismo, la desregulación del mercado laboral. Lo que algunos suelen llamar eufemísticamente como “modernización” del sistema laboral.
En relación con la demanda del trabajo industrial, que en Argentina se manifiesta como trabajo formal, la misma depende tanto del aumento de la producción como de la productividad del trabajo, asociada esta última al avance tecnológico. En ese orden, es relevante señalar que los índices de producción industrial marcan entre 2003 y 2014 un incremento del 64% (Base EMI mensual); porcentaje que, en sintonía con la mayor productividad, supera la ocupación laboral y para nada presupone rigidez en los convenios laborales.
En este sentido consideran que el camino a la flexibilidad por una vía como la que se propone (la eliminación de la indemnización por despido, el replanteamiento del sistema jubilatorio, con el aumento de la edad jubilatoria, entre otras medidas) no va a promover el empleo formal, menos aún va a redundar en una mejora del salario para todos. Más bien todo lo contrario.
Los investigadores recordaron que “esta clase de programas de flexibilización ya fueron puestos en marcha durante la década de 1990. Sin embargo, dicho proceso quedó truncado. En otras palabras, eliminar toda forma de regulación colectiva que proteja al trabajador frente a eventuales riesgos, como las pandemias, las crisis cíclicas o los estallidos bélicos”.
A continuación, lo que veremos es cómo impactaron (y continúan impactando) las reformas de flexibilización del periodo de la convertibilidad en la cuestión social del trabajo. Concretamente, analizamos cómo la flexibilidad repercutió en una variable singular -pero central- para el trabajador, como es su salario.
Cómo ya señalamos, consideramos que la promoción e implementación de tales reformas no ha llevado ni a un aumento en la cantidad de empleo (el mismo se mantiene relativamente estable), ni tampoco a mejores salarios. Por el contrario, supuso la consolidación de una sociedad cada vez más desigual, entre trabajadores aún protegidos (la categoría de los formales registrados ya mencionada) y trabajadores cada vez más desprotegidos (los no formales, categoría que ha ido aumentado sostenidamente), siendo éstos últimos los que viven el rostro nocivo de la flexibilidad que se busca extender y profundizar aún en el presente 2023.
Se percibe una merma en el poder adquisitivo en todo el periodo analizado. Su salario ha caído abruptamente, sobre todo en los últimos años marcados por la crisis de 2018, luego la pandemia, el estallido del conflicto en Ucrania y actualmente la sequía. Lo que es dable observar también es una tendencia consolidada a lo largo de las décadas marcada por mayores niveles de precarización o flexibilización combinada con aumentos en la desigualdad entre los salarios del sector formal y el informal.
A primera vista lo que se registra es una lenta caída en el salario promedio para las categorías de trabajadores no registrados. Si, por ejemplo, durante 1993 la remuneración promedio de un trabajador no registrado era de $37.113, en 2021 ese promedio descendió a $21.290, en términos constantes. En otras palabras, desde 1993 hasta el año 2021, el salario de los no formales se depreció aproximadamente en un 42,6% en términos reales.
Gráficamente, tal tendencia a la baja puede observarse como un comportamiento sostenido, teniendo lapsos de repunte en el salario no registrado, sobre todo durante 2008 hasta 2017. Tras el estallido de la crisis en 2001 con el agotamiento del plan de la convertibilidad, las remuneraciones caen abruptamente, sin volver a recuperarse en ningún momento a los niveles previos. En cuanto a la evolución del salario de los registrados, lo que se observa es una recuperación e incluso una mejora respecto a la década de 1990, al menos entre los años 2009 y 2019, llegando a un valor máximo en 2015 ($144.910 a valores de 2021).
Conclusiones
Si volvemos nuevamente al gráfico n °1, lo que podemos deducir es que la brecha se explica por la combinación de dos factores o aspectos. Por un lado, el abrupto y sostenido descenso del salario real del empleo precario, mientras que el otro es el crecimiento y sostenimiento del poder adquisitivo del salario protegido, con algunos descensos reconocibles al menos en el periodo del gobierno de la alianza CAMBIEMOS que va del 2016 al 2019 (la caída fue del 14,5%, exactamente) y en el actual (1% entre 2020 y noviembre de 2022).
Asimismo, lo que se percibe es que la consolidación del empleo no protegido (alrededor del 35% del total de los asalariados) no parece haberse traducido en mejores remuneraciones en general, sino más bien en una pérdida del salario real en el sector más frágil de la sociedad salarial. Precisamente, al poseer herramientas que le permiten asegurarse frente a diversos factores de riesgos, como puede ser la inflación, la sequía o la pandemia, el empleo formal protegido pudo sostener cierta capacidad de compra. Sin embargo, en el caso del precario eso no ocurre. Con lo cual lo que se concluye a partir de los datos ya expuestos, es que no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que una mayor flexibilización impacta positivamente en el salario, sino más bien todo lo contrario.
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