El deterioro del poder adquisitivo salarial que difunden las más diversas instituciones y analistas de la economía nacional, registrado entre noviembre de 2015 y hasta la actualidad, toma como referencia la evolución de los salarios comparada con la inflación.
Con una metodología simple que no contempla cambios en la estructura de consumo vinculada al muy relevante cambio de precios relativos (las tarifas de los servicios públicos, los alimentos de primera necesidad, los remedios y los combustibles aumentaron en una proporción mucho más importante que el resto de los bienes y servicios) y sin hacer controles, como podría ser testear sus resultados respecto a la evolución de las ventas minoristas, los informes suelen coincidir en que se registró una pérdida de poder de compra de entre el 15% y 18%.
El origen de la inconsistencia de practicar ese análisis es el sostenimiento del supuesto de que la canasta utilizada para medir los precios del INDEC (la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/2005) es representativa del consumo real de los hogares.
Si bien la reducción del poder de compra calculada así es la más grave desde el año 2002, el nivel de contracción no se confirma con la magnitud de caída de las ventas en la gran mayoría de los rubros. De hecho, en general, no hay rubros de consumo masivo que no sean de bienes de primera necesidad, donde las ventas hayan caído menos del 20% entre 2015 y 2019. Por caso, el relevamiento de ventas minoristas de CAME -entidad empresaria que no se ha caracterizado en la historia reciente por sostener posiciones políticas anti oficialistas- señala que la actividad comercial entre abril de 2015 y abril de 2019 cayó un 24,5%.
Esta cifra está es más cercana a las bajas que se observan en la venta de la gran mayoría de los rubros de consumo masivo no indispensable (gastronomía, cine, teatro, libros, muebles, juguetes, textiles, motos, automóviles, marroquinería, electrónicos, por citar algunos ejemplos). Desde ya, las mermas en alimentos también son muy fuertes, pero sí están en rangos no tan lejanos a los del nivel de pérdida del poder adquisitivo calculado por la gran mayoría de los analistas. La baja sensibilidad de estos rubros también obedece a que una parte de la población conserva un poder de compra básico que le permite no resignar prácticamente nada de este tipo de bienes.
El salario promedio de u$s534 (cerca de $24.600) implica una reducción del 35,3% en relación al nivel de 2015.
Una forma alternativa de aproximarnos a la pérdida real del poder de compra, sin nuevos estudios sobre los significativos cambios en la composición del gasto de los hogares, consiste en seguir la evolución de los salarios medidos en dólares. Desde ya, los precios en la economía nacional, en la mayoría de los casos, se han ajustado en una magnitud menor que el aumento del dólar. Sin embargo, en rubros muy importantes en el consumo insustituible de los hogares su aumento fue sustancialmente superior al del tipo de cambio, como en el transporte, la energía y el agua.
En tanto, en otros rubros también de muy bajo grado de sustitución, la suba de sus precios respecto a la evolución del dólar fue bastante pareja: combustibles, peajes, impuestos, alimentos de primera necesidad y remedios. Al ganar participación todos estos rubros en el presupuesto de los hogares, el salario medido en dólares pasa a representar una variable de medición del poder de compra que, a pesar de sus imperfecciones, exhibe en una medida un poco más aproximada la pérdida del poder adquisitivo salarial que la comparación entre la suba salarial nominal en pesos y el IPC del INDEC, especialmente de los rubros de ingresos más bajos que deben destinar una proporción mayor de su ingreso a estos gastos básicos.
Caída del salario en dólares
En el cuarto trimestre de 2011, antes de que la brecha cambiaria fuera considerable, el salario promedio alcanzaba los 755 dólares, al tipo de cambio oficial.
En el segundo trimestre de 2015, último registro disponible antes del apagón estadístico selectivo del INDEC (otras variables más complejas de medir como el PBI y todos sus componentes no dejaron de ser difundidas), el salario medio había llegado a 825 dólares al tipo de cambio oficial y a 617 dólares, medido al tipo de cambio accesible a través de la operación con títulos públicos en dólares.
Cabe aclarar que, a pesar de que los funcionarios del gobierno decían que los precios estaban ajustados al tipo de cambio paralelo, eso no se verificó cuando se salió del “cepo”. En efecto, en diciembre de 2015 y enero de 2016, la inflación fue del 3,9% y 4,1%, respectivamente, según el IPC CABA y el dólar paralelo bajó 4,7% y 0,6% en esos mismos meses (y aún no se habían empezado a aplicar los tarifazos). O sea, bajo la hipótesis del equipo económico macrista, la devaluación de diciembre de 2015 debería haber reducido precios por la baja de las cotizaciones alternativas, pero la inflación se aceleró con fuerza dado que, en el semestre previo, la inflación mensual había rondado entre el 1,4% y el 2%.
Fuerte reducción del salario
En la actualidad, el salario promedio es de 534 dólares (son cerca de 24.600 pesos), lo cual implica una reducción del 35,3% en relación al nivel de 2015.
Es una disminución que sobreestima muy probablemente la pérdida de poder de compra en términos reales, especialmente para los sectores de ingresos medios/altos y altos. No obstante, la baja del 15/18% tampoco es consistente con otros estadísticas de evolución del consumo. La medición más precisa debería hacerse con estudios de mayor envergadura en términos de recursos, pero seguramente estará en un nivel intermedio entre ambas mediciones.
Lo grave y triste es que los estudios locales ni siquiera plantean el problema metodológico que indudablemente existe y que implica una subestimación en el debate público de la pérdida real del poder de compra de los hogares. La difusión de la problemática debería impulsar una urgente reconfiguración de la canasta de medición del IPC del INDEC, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 que aún no han sido publicados por el gobierno, de forma de poder observar con mayor precisión la realidad de los hogares y tomar las medidas necesarias para su rápida y correspondiente recomposición.
Fuente: El Tribuno Salta
