Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) detalla las variaciones interanuales en el contexto de pandemia en lo que respecta a ingresos y gastos de la Administración Pública Nacional.
En los días pasados, el CIPPEC publicó un informe detallando la situación de los primeros cinco meses de 2020 bajo el título “Las cuentas de la Administración Pública Nacional argentina en tiempos de Covid-19”, con la firma de José Gasparín.
Dossier Web tuvo acceso a dicho documento en el que se hace hincapié en que la a crisis sanitaria y económica desatada por el coronavirus “expuso los límites de la capacidad fiscal del Estado nacional para atender las crecientes demandas de atención sanitaria y las necesidades económicas generadas por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
En ese sentido, algunas de las cifras analizadas por el organismo nacional, dan cuenta que el costo del paquete de medidas impulsado por el Estado nacional ronda el 5% del PBI, donde el 2,9% involucra medidas que tienen impacto presupuestario. Así, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 los ingresos de la Administración Pública Nacional (APN) cayeron un 25% anual en términos reales, pero en mayo alcanzó el 36%.
Detallan que durante los ingresos tributarios de los impuestos directos (aquellos que gravan los ingresos y patrimonios, como el impuesto a las ganancias y bienes personales) registraron una disminución del 30% anual; mientras que los indirectos (gravan la producción y el comercio, como el IVA) un 22% anual. Ya para el mes de mayo la caída alcanzó el 40% en términos reales. Según el CIPPEC, este derrumbe se explica primordialmente “por el desplome en el nivel de actividad que se fue acentuando desde marzo, con una caída, según el EMAE del 11,5% anual y, en abril y mayo, la misma habría sido considerablemente mayor”.
Por el otro lado, la recaudación por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (AyC) también explica la caída en los ingresos de la APN desde el mes marzo. Estos ingresos en abril registraron una caída del 28% y en mayo la contracción anual fue del 24%. “Esta caída se explicó, entre otros factores, por la reducción en el número de trabajadores formales, la postergación de los aportes y contribuciones a la seguridad social para las PyMES, la exención del pago al sector salud, la imposibilidad de pago de algunos sectores”, señalan los especialistas del CIPPEC.
Apoyo del BCRA
Un dato no menor que se señala en este informe sobre las cuentas de la Administración Pública Nacional en tiempos de Covid-19, indica que “la pandemia cambió drásticamente las fuentes de financiamiento de la APN, y el Banco Central cobró un rol central en ello”. En tal contexto, hubo asistencia al Tesoro nacional a través de adelantos transitorios y transferencias de utilidades que totalizaron los $800.000 millones desde marzo hasta fines de mayo. Desde el inicio de las medidas de aislamiento social, las transferencias de utilidades a la APN alcanzaron los $600.000 millones, pasando de representar el 3% del total de los ingresos para el período marzo-mayo de 2019 al 40% para el mismo período de 2020.
El BCRA también asistió al Tesoro nacional a través de adelantos transitorios con $200.000 millones (financiamiento por debajo de la línea, no figura dentro de los ingresos) para el mismo período, acumulando desde el inicio del año $300.000 millones. Así, hasta fines de mayo, el BCRA asistió al tesoro nacional con $910.000 millones. De este total, el 90% se ejecutó desde el mes de marzo, con el inicio de la pandemia.
Gasto público
La comparativa con los primeros meses del año muestra que previo a la declaración de la pandemia global, en los meses de enero y febrero, la ejecución del gasto se mantuvo cercana al ritmo inflacionario, pero desde marzo hasta abril acumuló un 20%, y trepó al 32% en mayo. Desde el CIPPEC señalan que cuando se introdujeron las medidas de prevención, las erogaciones sociales registraron un aumento anual $500.000 millones, lo que representó un aumento interanual del 27% en términos reales.
Además, los gastos en salud que tuvo la APN se incrementaron en $50.000 millones entre marzo y mayo con respecto a igual período del 2019. Ello representó una suba del 66%. En tanto que las erogaciones destinadas a protección y asistencia social fueron $40.000 millones más que igual período del año pasado, lo que equivale a un aumento del 115% anual. Mientras que las erogaciones para seguridad social (jubilaciones, retiros, pensiones, asignaciones familiares y seguro de desempleo), se incrementaron en $370.000 millones, registrando una suba del 26 interanual.
Por su parte, los servicios económicos (infraestructura económica, de producción y de fomento, regulación y control de la producción del sector privado y público) se incrementaron en $150.000 millones anuales, representando una suba en términos reales del 65% anual desde marzo hasta mayo. Los sectores de Industria y Energía concentraron la mayor parte de esos egresos: el 85% del total del incremento registrado desde el inicio de la pandemia. La primera con $70.000 millones y la segunda con $60.000 millones respectivamente. Mientras que el sector Transporte registró un incremento del 3% en las erogaciones con $19.000 millones más que el año anterior.
En cuanto al dinero destinado a las provincias, a través de las transferencias erogaron $125.000 millones desde marzo, lo que manifestó un incremento de $110.000 millones respecto a igual período del año pasado. Esto representó un aumento en términos reales del 360%. De este total, $80.000 millones tuvieron como destino asistir a las tesorerías provinciales, mientras que $45.000 millones estuvieron destinados a servicios sociales.
El único gasto que tuvo un decrecimiento en la comparativa interanual fue el relacionado a la Deuda Pública: Durante 2019, en los primeros cinco meses, la APN destinó $300.000 millones al pago de la deuda; mientras que en 2020 alcanzó a $280.000 millones. Esto se explica, según detallan desde CIPPEC, dada la situación de “reperfilamiento” y “renegociación” de la deuda, aunque no aseguran que se mantenga el descenso en los próximos meses.
En resumidas cuentas, desde el organismo señalan que “las medidas de gasto se focalizaron brindar apoyo a las familias y empresas para amortiguar los impactos de la pandemia, así como también asistir a las provincias en materia de financiamiento y erogaciones cuyo destino fueron la salud y asistencia social. Esta dinámica cambió la composición del gasto, incrementando la participación del gasto social del 59% al 63% en el total de erogaciones y los servicios económicos pasaron del 10% al 15%, mientras que los servicios de deuda pasaron a representar el 12% del total de erogaciones. Su crecimiento tuvo un impacto significativo sobre el resultado fiscal”.
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