Después de que se resolvió el misterio del falso robo de una camioneta en Mar del Plata, se reavivó el debate entre clientes y empresas sobre quién es víctima de quién en esa relación a veces tan conflictiva.
A fines de marzo, se resolvió el “misterio” de una camioneta que había aparecido tirada en el fondo de un acantilado en Mar del Plata. El vehículo, una nave importante, llevaba horas en ese lugar sin rastros de sus ocupantes, hasta que el dueño se presentó en una comisaría de Punta Mogotes para decir que había dejado su unidad en la calle por un desperfecto mecánico y al regresar no la había encontrado. O sea , se la habían robado. Cuando la policía lo indagó un poco, entró en contradicciones y confesó que, en realidad, había hecho una falsa denuncia con la intención de cobrar el seguro.
La noticia del falso robo tuvo mucha repercusión en los medios y puso en agenda una cuestión que alberga decenas de anécdotas sobre los intentos de tantos propietarios de vehículos por engañar a la empresa de seguros, pero sobre todo clavó una cuña en un imaginario popular que asume dos datos relacionados: que las compañías son invariablemente más astutas que sus clientes y que, ni siquiera mediante esas tretas, logra invertirse una relación desigual donde la empresa es proporcionalmente más victimaria que víctima.
Entre los usuarios de autos, aún entre los más “tuercas”, no se ha internalizado lo suficiente que las ciudades están ahora repletas de cámaras mediante las cuales las compañías pueden acceder casi a una vitácora del real estado del vehículo. Sucede entonces que el viejo truco de hacer destruir el auto por un tercero para cobrar el seguro como si la unidad fuera nueva puede quedar expuesto con facilidad. “Fui a la compañía y reclamé por la destrucción total y me empezaron a mostrar decenas de fotos de mi auto donde en cada una se le veía un daño distinto. Me pagaron dos pesos”, confesó un usuario que accedió, a través de las redes sociales, a contar su experiencia.
Sin embargo, un informe al que accedió El Cronista sostiene que el 40% “de los montos de los siniestros que se pagan anualmente en el mundo, considerando todas las clases de seguros, son injustificados, dado que pertenecen en muchos casos a siniestros inexistentes y en otros a actitudes dolosas para aumentar el monto de las indemnizaciones”.
Según Roberto Mecca, docente de seguros y autor de varios libros sobre el tema, la Argentina no es la excepción y, aunque no hay estadísticas recientes, la Superintendencia de Seguros de la Nación publicó hace tiempo las conclusiones de una encuesta realizada entre 179 entidades aseguradoras, de donde surgió el dato de que en el trienio 2008/2010 se detectaron 15.200 casos de fraude por un valor aproximado de $275.000.000 con un promedio por hecho de $ 18.092.
Mecca es autor, entre otros, del Manual del Profesional del Seguro, que ya lleva 17 ediciones. Sus alumnos dicen que es como el Messi de los seguros. Según contó a El Cronista, el fraude contra las aseguradoras no perjudica exclusivamente a las empresa sino a “toda la comunidad de asegurados. Cuando el asegurador tiene una mayor siniestralidad como consecuencia de estos hechos cobra primas más elevadas y restringe además la oferta de coberturas de ciertos riesgos”.
Estudios realizados en el mundo, indican que entre el 2 y el 3% del primaje mundial de seguros en los rubros de personas y patrimoniales, se destina actualmente al pago de siniestros que no deberían ser indemnizados. En ese cálculo no se incluyen los siniestros que no se pagan, sino aquellos de los que se sospechan provienen de fraude pero no pueden ser probados.
En España, de acuerdo al informe de una aseguradora (Línea Directa) el fraude al seguro de coches se ha multiplicado por 3,5 entre 2009 y 2016, lo que supone 833 millones de euros de pérdidas anuales para las compañías de seguros.
Esta cifra representa el 9,89% de las prestaciones pagadas por las compañías. Los datos también reflejan que el 6,3% de los accidentes que los conductores asegurados declaran son falsos, un 4,5 % más que en 2009. Entre 2015 y 2016, la empresa afirma haber detectado 60.000 casos engañosos.
Se define al fraude en seguros como la conducta intencional del asegurado, tomador o beneficiario, que mediante ardid o engaño pretende obtener una indebida indemnización.
“Hay situaciones directamente provocadas, realizadas por los asegurados individualmente o a través de organizaciones dedicadas a este tipo de ilícitos, pero también se encuentran los denominados ocasionales, donde si bien el siniestro ocurrió por circunstancias accidentales, aprovechan la ocasión para sacar un beneficio adicional”, explica Mecca.
El especialista asume que la percepción popular de la gente no es la que se deduce de las estadísticas anteriores, al punto que “muchos no ven al fraude en esta actividad como un delito. Para ellos no hay víctimas. No está mal visto socialmente, dado que incluso es comentado a sus familiares o amigos”.
Es bastante habitual escuchar, sobre las empresas, frases como “… son buenas para cobrar pero cuando hay siniestros no quieren pagar…”; “no toman muchos riesgos y los costos de las consideradas buenas son altísimos” u otras expresiones por el estilo.
Entre los usuarios de vehículos está plagado de historias sobre la “letra chica” de las pólizas para evitar pagar esto o aquello. Pero según Mecca, no son sólo habladurías las que apoyan la mala imagen de las empresas. “Uno de los factores que influye en esa mala imagen es la falta de garantía en caso de insolvencia del asegurador. Si bien existen disposiciones legales referentes al contralor de la actividad de las entidades aseguradoras, desde la constitución de capitales mínimos y reservas, aplicación de primas suficientes, régimen de inversiones, embargos preventivos, suspensión de emisión y finalmente liquidación forzosa, lo cierto es que la experiencia sobre entidades aseguradoras especialmente las que operan en seguros patrimoniales ha sido muy mala”.
Igual que con los fraudes que perjudican a las empresas, también hay estadísticas sobre cómo los usuarios pueden ser víctimas. “Hace varios años el promedio de cierre que teníamos en nuestro mercado llegó a ser de una entidad aseguradora menos por mes. A la fecha existen todavía 147 entidades de seguros en situación de liquidación forzosa”, señala el especialista y aclara: “Los perjuicios sufridos por miles de asegurados ante casos de insolvencia de entidades aseguradoras, incluyendo algunas muy tradicionales en nuestro mercado, han dejado gravísimas secuelas. En especial aquellos asegurados afectados por juicios de responsabilidad civil (esencialmente de automotores y accidentes del trabajo) que deben o han debido afrontar individualmente con sus patrimonios esos compromisos ante las sentencias judiciales”.
Mecca recuerda que algunas personas, con total desconocimiento de la situación, piensan que en caso de insolvencia del asegurador responde el reaseguro o en todo caso, la Superintendencia de Seguros de la Nación.“En principio el reaseguro no figura en la póliza, por lo que el asegurado no tiene acción directa contra el reasegurador”, dice.
En el único e hipotético caso que contempla la ley de seguros se presenta cuando existe una liquidación voluntaria o forzosa del asegurador, determinándose que el conjunto de asegurados gozará de privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador contra el reasegurador, explica.
Fuente: cronista.com
