La concentración de recursos en el nivel nacional es el principal factor que explica el colapso de los servicios públicos gestionados por las provincias, como educación, salud y seguridad y, según IDESA, es la base que permite alinear y manipular gobernadores, intendentes y legisladores.
La ley de medios -prosigue el Informe- ha generado innumerables polémicas tanto por su contenido como por los instrumentos utilizados por el oficialismo para conseguir los votos para su sanción. De manera cada vez más explícita se repite el manejo discrecional de fondos públicos para lograr adhesiones de diputados y senadores. El factor clave que permite esta práctica política degradante es la creciente apropiación de recaudación impositiva por parte del nivel nacional.
Una forma de ilustrar el fenómeno es medir la proporción de la recaudación total (incluyendo impuestos, derechos al comercio exterior e impuestos al trabajo) que es derivada de manera automática hacia las provincias. Según datos del Ministerio de Economía aparece que:
* En el período 1993-2001, los recursos transferidos automáticamente a las provincias representaban el 32% de la recaudación total.
* En el período 2002-2008, esta proporción cae al 27%.
* En lo que va del 2009, los recursos de transferencias automáticas a las provincias vuelven a caer y representan apenas el 24% del total de la recaudación.
En un marco donde la presión tributaria ha alcanzado niveles récord, se ha producido una concentración también inédita a favor de la nación, señala IDESA, para ilustrar a continuación que uno de los factores fundamentales que explican este proceso es que el impuesto al cheque y las retenciones sobre las exportaciones son apropiados casi en su totalidad por el gobierno nacional.
Adicionalmente, con la estatización del régimen de capitalización previsional, la nación se apoderó de los aportes personales previsionales omitiendo los legisladores la eliminación de la apropiación del 15% de la masa coparticipable, que en su momento fue aprobada por el Congreso para facilitar la transición previsional que implicaba la creación del régimen de capitalización.
Bajo estas condiciones, constituyendo un hecho de gravedad institucional extrema, el Congreso Nacional ha dado ahora media sanción al proyecto de ley que prorroga el impuesto al cheque, a la ganancia mínima presunta y a los bienes personales, perpetuando la centralización de los fondos públicos en el nivel nacional. Así, se consolidan las bases para garantizar que las prácticas políticas perversas continúen y se profundicen en el futuro.
Desde los años '90 las provincias son las responsables por la educación pública, la salud, la seguridad, la asistencia social y la administración de justicia. Más allá de las deficiencias que cada jurisdicción muestra en la gestión, con la actual distribución de recursos no hay ninguna posibilidad de brindar esos servicios esenciales para la población bajo razonables niveles de calidad.
Al respecto, IDESA pone de relieve que quienes más sufren el colapso de los servicios -en la mayoría de las provincias, paralizados por los paros- son las familias de más bajos ingresos, cuyos hijos asisten a la educación estatal y su atención de salud depende de los hospitales públicos. Y que, menos visible pero no menos importante, los gobiernos locales siguen reaccionando frente a la centralización de recursos con nuevos aumentos de impuestos.
Uno de esos impuestos locales, de particular perversidad para la competitividad de las empresas y la capacidad adquisitiva de las familias, es el impuesto sobre los ingresos brutos.
Así se explica la aparente paradoja de que los ciudadanos reciben cada vez menos servicios a pesar de que nunca pagaron tantos impuestos como en la actualidad.
Sin dudas, la consecuencia más grave es institucional. Al cristalizar la concentración de recursos a favor de la nación se institucionalizan los mecanismos que permiten y permitirán en el futuro continuar y profundizar la manipulación de legisladores, gobernadores e intendentes y de todo otro actor que pueda tener incidencia en las decisiones de políticas publicas. Así, los representantes de las provincias en el Congreso Nacional apoyan, sin sentido crítico ni análisis técnicamente fundamentados, las iniciativas que tienden a cristalizar y profundizar la concentración de recursos en la nación en contra de los intereses de sus propias provincias. Y mientras declaran defender la democracia como medios para promover el desarrollo social, aprueban mecanismos que solidifican prácticas que la degradan.
